Samuel García, bajo señalamientos por presuntas presiones en elección judicial

Empleados del Gobierno de Nuevo León denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) intentos por condicionar su voto en la próxima elección judicial federal. Los testimonios apuntan directamente a la administración del gobernador Samuel García.

Según información publicada por El Norte, al menos diez denuncias relatan un operativo desde el interior del gobierno estatal para garantizar apoyo a candidatos cercanos al proyecto político. Las denuncias describen un esquema de presión ejercido sobre burócratas con amenazas de despido.

El fiscal electoral, Gustavo Javier Solís, confirmó la existencia de las denuncias y señaló que, aunque la mayoría fueron presentadas de forma anónima, comparten un patrón repetido. A los empleados se les exige entregar su credencial del INE y recolectar otras más entre sus allegados. A cambio, reciben la advertencia de que su permanencia laboral depende de cumplir con estas órdenes.

Además, los trabajadores deben asistir a ensayos de votación. En estos ejercicios se les instruye a fotografiar su boleta marcada, su credencial y un código QR personalizado que permitiría dar seguimiento a su comportamiento el día de la jornada electoral.

El Norte también reportó que funcionarios de dependencias como la Secretaría de Educación y el Instituto de Control Vehicular reciben instrucciones específicas para sumar votos. Los jefes les entregan un acordeón con los datos que deben reproducir en la boleta: el número, color o identificación del candidato afín al oficialismo.

"Lo que nos han dicho es que nos van a dar el acordeón (para votar): la persona, el color o el número", declaró uno de los empleados afectados, bajo reserva de anonimato.

El proceso electoral en cuestión corresponde al Poder Judicial federal. La renovación del Poder Judicial local está programada para 2027. Debido a su carácter federal, la FEDE analiza si debe remitir el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), dependiente de la FGR.

Hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de los funcionarios implicados. El caso genera preocupación por el posible uso de recursos institucionales para manipular el voto y consolidar un control político.