Mantenimiento en tarjetas de Broxel revive dudas entre policías y trabajadores en Jalisco

La empresa Broxel notificó que su sistema de tarjetas de vales en Jalisco quedaría fuera de operación durante la madrugada, entre las 00:00 y las 5:00 horas. En ese lapso no habría acceso al plástico ni a la plataforma digital. La firma sugirió anticipar consultas de saldo y dispersiones, sin embargo, el aviso técnico bastó para reactivar la desconfianza.

Entre policías estatales, el anuncio no pasó inadvertido. Varios recordaron el episodio con Saymoc, operadora vinculada a tarjetas de BZ Capital, cuando fallas técnicas bloquearon cuentas e impidieron disponer de recursos. Aquel contrato terminó cancelado por presuntas irregularidades. Hasta hoy no existe claridad pública sobre el destino de alrededor de 480 mil pesos correspondientes a saldos de los uniformados.

Las dudas actuales no se centran sólo en la suspensión temporal del servicio. Usuarios señalaron que la tarjeta de Broxel requiere la activación previa de una función en la aplicación móvil para su uso en ciertos establecimientos, condición que generó inconformidad. También expresaron reservas ante solicitudes de información personal adicional para operar el sistema.

El malestar alcanzó al ámbito académico. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) recomendó a sus afiliados abstenerse de proporcionar datos extra a través del portal o la aplicación de la empresa. El sindicato aclaró que el esquema no contempla comisiones ni para los trabajadores ni para la institución, aunque subrayó la importancia de proteger la información personal.

El debate ocurre en medio de cuestionamientos más amplios sobre la participación de Broxel en programas públicos de la entidad. Reportes periodísticos refieren investigaciones federales relacionadas con la operación de la Tarjeta Única en Jalisco, instrumento empleado para el pago de servicios y la entrega de apoyos gubernamentales.

A ello se suman estimaciones difundidas en medios nacionales que calculan que el modelo de cobro por transacción en el sistema de transporte podría representar ingresos de hasta 16 millones de pesos mensuales para la compañía. La cifra alimenta el escrutinio sobre el alcance financiero de estos contratos.

Especialistas en transparencia y protección de datos sostienen que la expansión de plataformas privadas en la gestión de prestaciones públicas exige vigilancia estricta, reglas contractuales precisas y garantías firmes para los usuarios.

En ese contexto, policías y trabajadores del sector público concentran su preocupación en dos frentes: acceso seguro a sus recursos y certeza sobre el tratamiento de su información personal.