Crece la tensión entre el gobierno de Nuevo León y empresa Matrimar por amparo federal

La tensión entre el gobierno de Nuevo León y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) escaló luego de que el gobernador Samuel García desacreditara públicamente un amparo federal concedido a la compañía. “Ese amparo para mí no vale”, sostuvo el mandatario, en una postura que abrió un nuevo frente de cuestionamientos legales y políticos.

La revista Proceso documentó el episodio y subrayó las implicaciones de que el titular del Ejecutivo estatal desestime una resolución judicial. El conflicto se enmarca en la disputa que la administración estatal mantiene con la pedrera por el cobro de un impuesto ambiental y presuntos adeudos fiscales.

De acuerdo con el reporte, García rechazó cualquier intento de presión indebida contra la empresa, pese a la circulación de un audio en el que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aparece como intermediario para gestionar un “pago fuerte” a cambio de permitir la operación. El gobernador negó irregularidades y atribuyó el conflicto a criterios judiciales que, a su juicio, carecen de sustento.

"No hay nada de corrupción, no hay nada de extorsiones. Desgraciadamente un juez que ya salió, antes de salir en agosto amparó a algunas (pedreras) ilegalmente y ahorita algunas, excusándose que tienen una suspensión, dejaron de pagar", expresó.

El punto de mayor controversia surgió cuando el mandatario confirmó que su gobierno decidió desconocer los efectos de ciertas suspensiones, al considerar que fueron otorgadas de forma indebida. La empresa, por su parte, exhibió documentación en la que la Tesorería estatal certifica la inexistencia de incumplimientos fiscales.

"De repente en diciembre traíamos adeudos de 500, 600 ó 700 millones por un supuesto amparo", añadió, "¿qué pasó?, que hablamos con todas y les dijimos: oigan, ese amparo para mí no vale".

El episodio resulta significativo por la formación académica del gobernador. García cursó la licenciatura en Derecho y Finanzas, obtuvo una maestría en Derecho Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con doctorados en Política Pública y Administración Pública, así como en Derecho Fiscal. Pese a ese perfil, representantes del sector empresarial interpretan su postura como una señal de fricción con el marco jurídico vigente y un factor de incertidumbre para la inversión en la entidad.

El diferendo ocurre en un contexto nacional marcado por episodios de violencia registrados el fin de semana tras la captura y abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos detonaron bloqueos y enfrentamientos en diversas entidades.

Analistas advierten que la combinación de disputas entre autoridades y empresas, junto con un entorno de inseguridad, alimenta la percepción de riesgo en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA, torneo en el que Nuevo León figura como una de las sedes en México.