Investigan a Ana Castro Fernández por contratos irregulares y vínculos familiares en Tultitlán

A menos de un año de iniciar su gestión como alcaldesa de Tultitlán, Estado de México, Ana María Castro Fernández se encuentra bajo la lupa por una serie de señalamientos relacionados con corrupción, nepotismo y presunta persecución política. Las autoridades estatales ya investigan no solo su administración, sino también la de su cuñada y antecesora en el cargo, Elena García Martínez, quien actualmente se desempeña como diputada local.

Desde que Castro tomó posesión en enero de 2025, se han detectado adjudicaciones por más de 72.7 millones de pesos a través de procedimientos presuntamente irregulares, como licitaciones simuladas o asignaciones directas, según publicaciones de la prensa.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación formal, identificada como TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, para indagar posibles delitos cometidos durante los gobiernos de ambas funcionarias. Los señalamientos incluyen uso indebido de recursos públicos, favoritismo en la entrega de contratos y utilización política de sus cargos.

Uno de los casos más graves involucra la transferencia de 38.5 millones de pesos del erario durante la gestión de García Martínez a una organización civil llamada Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C.. El dinero habría sido usado para adquirir 27 hectáreas de tierras ejidales en San Francisco Chilpan, operación que se realizó sin escrituras públicas que acreditaran legalmente la propiedad.

Las quejas, presentadas por vecinos de Fimesa 1, 2 y 3, también mencionan un pago de 5 millones de pesos al Fonapho (Fondo Nacional de Habitaciones Populares) en 2023, sin que hasta ahora se haya logrado regularizar la situación legal de los terrenos.

Habitantes de la zona temen perder sus hogares debido a estrategias de carácter político. Denuncian que se pretende modificar el nombre oficial de la colonia a “Cuarta Transformación”, lo cual podría complicar la defensa legal de sus propiedades y hacerlos vulnerables ante despojos.

Los vínculos familiares entre la actual alcaldesa y su antecesora han generado fuerte inconformidad entre sectores sociales y políticos. La promoción de Ana Castro a la presidencia municipal habría sido impulsada directamente por Elena García, lo que para algunos representa un intento por construir una estructura de poder basada en la cercanía familiar. Además, existen versiones que apuntan a que varios familiares de la alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

Por si fuera poco, empresarios locales han manifestado inconformidad con la gestión actual, a la que acusan de frenar la inversión por prácticas corruptas y trámites engorrosos. Esta situación afecta aún más al municipio, donde un 42% de la población vive en condiciones de pobreza.

Tultitlán también se enfrenta a una grave crisis de seguridad. Datos recientes del INEGI revelan que el 87.3% de los mexiquenses considera que vivir en la entidad es inseguro, y esta demarcación figura entre las más afectadas.

Como parte del proceso legal, ya se han solicitado auditorías técnicas y análisis periciales para determinar el destino de los recursos públicos utilizados durante las gestiones de 2023 a 2025.