FGR investiga a Grupo Casanova por irregularidades en contratos de arrendamiento

Los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, propietarios del Grupo Casanova, enfrentan un nuevo escándalo. La Fiscalía General de la República (FGR) incorporó un video como prueba clave en la investigación contra Arturo Serrano Meneses, ex titular de su Órgano Interno de Control, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades. Ambos están acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos a un representante de Casanova Rent Volks, una de las divisiones del conglomerado.

Este caso revive un historial de irregularidades que persigue al grupo desde hace años, señalado por sobrecostos, adjudicaciones directas y contratos incumplidos en arrendamiento vehicular con dependencias federales.

El grupo consolidó su influencia desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando sus empresas concentraron gran parte de las contrataciones públicas en arrendamiento.

De acuerdo con registros oficiales, durante la administración de Calderón, las divisiones Casanova Rent, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks firmaron 138 contratos por un total superior a 1,663 millones de pesos entre 2007 y 2012. Entre 2013 y 2018, Casanova Vallejo firmó 317 contratos adicionales con el gobierno de Peña Nieto, por más de 6,495 millones de pesos, consolidándose como una de las arrendadoras más beneficiadas del periodo.

En 2015, el entonces senador David Monreal Ávila solicitó al Ejecutivo aclarar los contratos otorgados por la CFE a Casanova. Simultáneamente, 16 legisladores del PAN denunciaron ante la PGR un presunto fraude de 3,377 millones de pesos. Sin embargo, ninguna investigación se abrió.

Con la llegada de la 4T, el grupo siguió obteniendo contratos, pero también enfrentó sanciones.

En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Casanova Vallejo 45 meses de inhabilitación por irregularidades en la renta de ambulancias al ISSSTE. En 2023, la dependencia aplicó otra suspensión de 30 meses por anomalías en nuevos convenios de arrendamiento.

En abril de 2024, el conglomerado obtuvo un amparo definitivo que anuló la inhabilitación vigente y le permitió reincorporarse al padrón de proveedores federales, a pesar de que la sanción le impedía contratar con el gobierno hasta 2026.

Desde entonces, Casanova ha firmado más de 80 contratos por más de 500 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones en San Luis Potosí, Ahome y Culiacán, donde autoridades locales investigan presuntos daños al erario y simulación de operaciones.

Desde 2002, el grupo de los Echenique ha firmado contratos por miles de millones de pesos con gobiernos de distintos signos políticos. Hoy vuelve a aparecer en una carpeta penal que podría exponer los vínculos entre el poder público y una de las redes de arrendamiento más influyentes del país.