Humberto Prieto acepta dejar la presidencia del Congreso de Tamaulipas si se comprueban irregularidades

La posibilidad de dejar la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas fue planteada directamente al diputado Humberto Prieto Herrera por un reportero, quien lo retó a renunciar si se comprueban irregularidades durante su Legislatura. El legislador respondió que aceptaría dejar el puesto en caso de que se demuestre alguna anomalía.

La declaración se produce mientras persisten cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos del Poder Legislativo, luego de que documentación revisada exhibiera pagos millonarios a empresas proveedoras y operaciones entre compañías que presuntamente tienen vínculos entre sí.

Softbot recibió más de 10.8 millones de pesos

Los registros del Congreso de Tamaulipas incluyen pagos por 10 millones 840 mil 490.48 pesos a Softbot, S.A. de C.V., firma que aparece entre las beneficiarias de recursos públicos en el periodo examinado.

Posteriormente, la misma documentación consigna transferencias de Softbot a otras empresas por 9 millones 208 mil 109.67 pesos. Flota Mil habría obtenido 5 millones 928 mil 365.72 pesos de esos movimientos y Henera, otros 2 millones 279 mil 743.95 pesos.

Además de estas operaciones, el expediente agrupa a 11 compañías con transacciones relacionadas que habrían acumulado movimientos cercanos a los 58 millones de pesos. En ese registro se incluyen transferencias por 2 millones 436 mil pesos entre Aldaba Urbanos y Humayna Construcciones.

Entre las firmas que aparecen en la documentación también está Maniflosa. Los movimientos registrados abren interrogantes sobre los vínculos comerciales entre las empresas, el uso que se dio a los recursos y las condiciones bajo las cuales se asignaron contratos y se autorizaron pagos.

Registros fiscales señalan pagos a la esposa del diputado

Otro de los puntos incluidos en los documentos corresponde a Verónica Garza Ayala, esposa de Humberto Prieto Herrera, quien aparece como receptora de pagos del Congreso de Tamaulipas por un total de 420 mil pesos, según la documentación fiscal.

La mitad de esa suma, equivalente a 210 mil pesos, está identificada en el desglose como pagos realizados durante la gestión de Prieto Herrera al frente de la Junta de Gobierno. Los comprobantes indican que los recursos fueron dispersados el 3 de noviembre de 2025, en pagos individuales registrados con el concepto de “Pago de nómina”.

En los comprobantes fiscales digitales se identifica a Garza Ayala como trabajadora del Congreso del Estado, bajo el número 01249 y adscrita a la H Legislatura, con el puesto de “Personal de Apoyo Legislativo”. La fecha de inicio laboral que aparece en los documentos es el 1 de enero de 2023.

La información lleva a cuestionar cómo se establecieron las condiciones de su contratación, cuáles son las funciones que desempeña y qué mecanismos supervisan al personal, debido a su relación matrimonial con el titular de la Junta de Gobierno.

A estas dudas se agrega una diferencia en los CFDI: aunque algunos fueron emitidos o certificados el 3 de noviembre de 2025, los periodos de pago que consignan corresponden a 2023. Por ello, es necesario revisar los CFDI para determinar con precisión cuándo se efectuó cada pago.

Contratos y relaciones empresariales, pendientes de aclaración

La documentación coloca en el centro de la discusión las operaciones financieras del Congreso durante la gestión de Prieto Herrera. Entre los aspectos que requieren explicación están los procesos de contratación de las empresas mencionadas, los servicios que ofrecieron y los mecanismos empleados para verificar el destino de los recursos públicos.

También queda pendiente conocer las condiciones laborales de la esposa del legislador y qué medidas institucionales se aplican para prevenir posibles conflictos de interés dentro del Poder Legislativo.

Los documentos disponibles, hasta ahora, representan elementos que ameritan ser aclarados y revisados por las instancias correspondientes. Sin embargo, no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidades administrativas o penales.

En ese escenario, la respuesta de Prieto Herrera ante el reto de renunciar si se comprueban anomalías pone el foco en la rendición de cuentas. Para esclarecer los señalamientos será necesario contar con información verificable sobre las contrataciones, los pagos y las relaciones entre las compañías mencionadas.