Broxel amplía negocios públicos pese a denuncias por corrupción

La empresa Servicios Broxel, propiedad del empresario Gustavo Gutiérrez Galindo, mantiene una extensa red de contratos con dependencias federales y gobiernos estatales, pese a las denuncias, sanciones y cuestionamientos por saldos no entregados a beneficiarios. A estos antecedentes se suman señalamientos sobre sus relaciones políticas, que abarcan desde el gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca hasta presuntos vínculos con figuras cercanas a Morena.

Uno de los antecedentes se encuentra en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde Broxel obtuvo al menos diez contratos por más de 701 millones de pesos entre 2016 y 2024, ocho de ellos mediante adjudicación directa. La relación contractual derivó en denuncias por posibles conflictos de interés, triangulación de recursos y asignaciones sin licitación.

La presencia de Broxel también se extendió a Oaxaca durante la administración de Alejandro Murat. En 2021, la Oficina de Pensiones del Estado suscribió un convenio de colaboración con Operadora Broxel, antecedente que permite identificar operaciones de la compañía en el gobierno estatal. Tanto las contrataciones del Infonavit, donde Murat también fungió como director, como las realizadas en Oaxaca forman parte de los antecedentes que ameritan revisar las relaciones institucionales de la firma.

Otro frente de cuestionamientos corresponde a los presuntos vínculos de Gustavo Gutiérrez Galindo con Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio. Los señalamientos apuntan a que estas relaciones habrían facilitado el acercamiento de Broxel con gobiernos de Morena, particularmente en la Ciudad de México, así como posibles gestiones para evitar sanciones relacionadas con saldos de tarjetas pendientes en el Estado de México.

En la capital del país, documentos obtenidos por Proceso revelaron que, entre 2019 y 2025, la Secretaría de Administración y Finanzas exigió a Broxel la devolución de más de 121 millones de pesos correspondientes a vales de despensa no entregados a trabajadores. Durante ese periodo, la compañía recibió 13 contratos por un monto conjunto de 21 mil 970 millones de pesos, de los cuales ocho fueron asignados directamente.

Sus antecedentes regulatorios tampoco son menores. En 2020, la CNBV amonestó a Broxel Transfer por incumplimientos relacionados con obligaciones de información en materia de prevención de lavado de dinero. Dos años después, Financiera Broxel recibió una sanción por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta. A ello se suman observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre recursos de Liconsa correspondientes a la Cuenta Pública 2020, ejercicio en el que Broxel figuraba como proveedor de servicios financieros.

La empresa también enfrenta cuestionamientos por presuntos saldos no reintegrados de tarjetas utilizadas en programas públicos del Estado de México, Oaxaca y la Ciudad de México.

Pese a estos antecedentes, Broxel conserva presencia en instituciones federales. Según información publicada por El Universal, la empresa distribuye monederos electrónicos en la Cámara de Diputados para vales de despensa y gasolina. Además, 254 legisladores de Morena recibieron tarjetas Tengo Negocios precargadas con 10 mil pesos, correspondientes a un adelanto de sus prerrogativas de fin de año.

A esta situación se añade la revisión de una licitación federal de vales de despensa por un monto máximo superior a 10 mil millones de pesos. En diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, revisar el procedimiento después de que Broxel ofreciera una bonificación cercana al 6% y posteriormente buscara reducirla al 3%.

Los antecedentes del Infonavit y Oaxaca, las observaciones de la ASF, los procedimientos regulatorios de la CNBV y los señalamientos sobre sus relaciones políticas colocan nuevamente bajo escrutinio a Gustavo Gutiérrez Galindo y la permanencia de su empresa como proveedora de recursos y prestaciones del sector público.