Centralización de 600 millones en INDAABIN genera dudas internas sobre transparencia y contratos

Cuestionamientos internos rodean al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) tras la solicitud de la Dirección de Administración para concentrar accesos financieros que operaban las Administraciones Únicas regionales, poniendo bajo control central más de 600 millones de pesos destinados a servicios de inmuebles federales.

Servicios permanentes de jardinería, fumigación, limpieza y seguridad en los Inmuebles Federales Compartidos (IFC), espacios que albergan diversas dependencias gubernamentales, han sido financiados históricamente mediante estos recursos ejercidos por las Administraciones Únicas responsables de su operación.

No obstante, un proceso para centralizar el control de dichos accesos financieros en el área administrativa central comenzó a plantearse al interior del instituto hacia el cierre del año 2025.

Álvaro Lomelí Covarrubias, director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, firmó el 3 de diciembre de 2025 el oficio DGAPIF/2903/2025, el cual fue dirigido a la Dirección de Administración, Operación y Mantenimiento de Inmuebles Federales Compartidos como parte de este proceso.

La entrega de herramientas utilizadas por las Administraciones Únicas para disponer de recursos económicos, incluyendo dispositivos electrónicos, tarjetas físicas o digitales, contraseñas, usuarios y todos los accesos físicos y electrónicos vinculados a la administración de recursos de los IFC, es lo que se solicita en el documento.

Fortalecer los mecanismos de transparencia y control en el manejo de los recursos financieros de los inmuebles federales compartidos es el objetivo de esta solicitud, según lo establecido en el propio oficio.

Fuentes del instituto encabezado por Pablo Escalona Almeraya señalan, sin embargo, que la falta de mecanismos de rendición de cuentas se percibe como una oportunidad para centralizar las decisiones sobre la asignación de contratos de operación de inmuebles previstos para 2026.

La información debía remitirse por paquetería a más tardar el 8 de diciembre de 2025, según establece además el documento, precisando de forma tajante que no se autorizarían prórrogas para cumplir con dicha entrega.

Correspondería a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, valorar si el proceso se ajustó plenamente al marco normativo y determinar si es necesaria una revisión formal para garantizar la transparencia en los recursos de inmuebles federales, consideran voces internas en este contexto.