Caso Matrimar llega al plano federal por solicitud de legisladores de Nuevo León a la FGR

Los presuntos actos de extorsión denunciados por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) motivaron que el Congreso de Nuevo León aprobara por mayoría solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación, en un caso que involucra a funcionarios del Gobierno estatal encabezado por el gobernador Samuel García y al dirigente local de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez Ríos.

En el último año, distintos sectores empresariales y productivos han denunciado un aumento en cobros considerados excesivos, así como presiones administrativas y presuntas prácticas irregulares dentro de dependencias estatales y municipales, escenario en el que se produce la solicitud legislativa.

Entre los antecedentes recientes, más de 60 cámaras y organismos empresariales, incluidas Coparmex Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, manifestaron en diciembre de 2025 su rechazo a los incrementos fiscales contemplados en el Paquete Fiscal 2026, al advertir posibles efectos negativos en la inversión y el empleo. Posteriormente, en enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció presuntos abusos y cobros indebidos por parte de agentes de tránsito en municipios del área metropolitana, con pérdidas económicas millonarias para el sector.

Durante la sesión ordinaria del 10 de marzo de 2026, la solicitud de intervención federal fue presentada por la diputada Armida Serrato Flores (PRI), quien preside la Comisión Anticorrupción. La propuesta obtuvo 30 votos a favor de legisladores de PAN, PRI, Morena, PRD y PT.

El exhorto fue dirigido a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y se fundamenta en la relevancia social del caso, además de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Asimismo, se invoca el artículo 73 de la Constitución federal, que permite la atracción de asuntos de competencia local cuando existan implicaciones federales.

De acuerdo con lo señalado por Serrato, la participación de la FGR se considera necesaria debido a que en el audio difundido públicamente, atribuido a Martínez Ríos, se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa a cambio de facilitar su operación, además de referir a otros integrantes del gabinete estatal.

En lo presentado ante el Pleno del Congreso también se indicó que la grabación menciona al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, así como al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. La legisladora cuestionó además la ausencia de Martínez Ríos en las sesiones del Congreso desde que se difundió el audio, en el cual presuntamente actúa como intermediario entre autoridades y la empresa extractiva ubicada en el municipio de Cerralvo.

El origen del conflicto entre Matrimar y el Gobierno estatal se ubica en 2025, cuando la pedrera fue sometida a inspecciones, auditorías y clausuras administrativas vinculadas con el denominado impuesto ambiental, implementado desde 2022 para gravar emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos.

Mientras la empresa ha sostenido que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, autoridades estatales han señalado adeudos millonarios derivados de contribuciones ambientales. Documentos presentados por la compañía indican que en noviembre de 2025 la Secretaría de Finanzas estatal habría revisado sus operaciones y determinado que cumplía con sus obligaciones fiscales; sin embargo, posteriormente se registraron nuevos requerimientos y cierres operativos. Matrimar ha denunciado que estas acciones constituyen “extorsión institucional” y ha señalado afectaciones económicas y laborales para alrededor de 500 familias que dependen de la operación de la planta.

A finales de febrero de 2026 el caso escaló tras difundirse audios en los que se menciona la solicitud de pagos extraordinarios a cambio de permitir el funcionamiento de la empresa. Paralelamente, la compañía ha obtenido suspensiones judiciales federales contra algunas clausuras, lo que derivó en una disputa pública con el gobernador Samuel García, quien ha negado cualquier acto de corrupción y ha sostenido que las acciones del Estado responden únicamente al cumplimiento de obligaciones ambientales.