Sheinbaum pide informe por señalamientos en licitación de vales navideños

Ante señalamientos que ponen en duda la entrega oportuna de los vales electrónicos de despensa, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno un informe sobre la revisión en curso del proceso de licitación destinado a trabajadores federales, así como sobre las condiciones económicas establecidas en el fallo.

Sobre la distribución de tarjetas, la mandataria señaló en su conferencia matutina alertas por retrasos registrados recientemente en el ISSSTE y otras dependencias, situación que podría afectar la dispersión oportuna de esta prestación de fin de año.

Identificado como LA-06-400-006400001-N-19-2025, el procedimiento fue asignado a Servicios Broxel con una bonificación total de 5.76 por ciento, resultado de la suma del descuento de referencia de 2.75 por ciento fijado por la Secretaría de Hacienda y el 3.01 por ciento ofrecido por la empresa, lo que, según estimaciones oficiales, representaría un ahorro cercano a 600 millones de pesos para el gobierno federal.

Durante la “mañanera”, se expuso que la valera habría sostenido que la bonificación total prevista en el fallo no resulta viable como esquema de negocio y que, bajo ese planteamiento, únicamente podría aplicar el descuento del 3.01 por ciento, lo que generó cuestionamientos sobre el apego a las condiciones originalmente aprobadas en la licitación.

Como respuesta a este escenario, Sheinbaum solicitó a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, o en su caso a la Subsecretaría de Egresos, dar a conocer este mismo martes el estado que guarda la revisión del proceso y las determinaciones correspondientes.

Con un valor de hasta 10 mil 300 millones de pesos, el contrato forma parte de la compra consolidada de vales de despensa destinada a cerca de 700 mil trabajadores de 224 dependencias federales, considerado uno de los procesos con mayor peso presupuestal y operativo en el cierre del ejercicio fiscal.

Tras la presentación de denuncias, se activó la revisión del procedimiento, las cuales apuntan a posibles inconsistencias técnicas en la licitación, riesgos en los plazos para la dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2,200 puntos del país, así como dudas sobre el cumplimiento de las condiciones económicas previstas en el fallo.