Señalan al OIC del ISSSTE por presunta injerencia en licitación de limpieza

En el procedimiento de contratación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia contra Luis Antonio García Calderón, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, al acusarlo de favorecer a empresas que no cumplieron con los requisitos técnicos solicitados.

Recibido en la Oficialía de Partes desde la primera semana de agosto, el escrito detalla que García Calderón habría instruido a las funcionarias del Área de Responsabilidades del OIC, Janet Citlali Ramírez y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, para orientar el fallo a favor de la propuesta presentada en conjunto por Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales y Aseo Privado Institucional.

Uno de los puntos expuestos fue la falta de documentación financiera obligatoria. “La documentación presentada no está completa, pues la misma no adjuntó ni contiene los estados financieros que la integran y que marca la ley para poder considerar el documento solicitado como completo”, se indica en el documento entregado a la autoridad.

La ACUEC agregó que, a solicitud de las compañías referidas, el fallo se repitió sin realizar una nueva evaluación legal ni técnica; según la organización, ello representó una ventaja indebida para las proveedoras de servicios de limpieza.

En etapas anteriores del concurso, la propuesta de Armot Seguridad Privada había sido desechada por el ISSSTE con fundamento en el inciso I) del numeral 10.15, que establece como motivo de rechazo la presencia de información que genere inconsistencias o dudas sobre la prestación del servicio; en esa ocasión, la institución señaló que la cotización no contemplaba costos indirectos de insumos, maquinaria ni equipo para el personal.

También se consignó en el registro histórico de licitaciones que la oferta de Armot del año pasado fue mil 336 pesos más alta que la presentada en 2025.

La ACUEC solicitó que, “una vez comprobada la manipulación dolosa en que incurrieron los funcionarios responsables”, se impongan sanciones administrativas; además, pidió investigar la situación patrimonial de los servidores públicos involucrados para determinar si existió la recepción de algún beneficio económico.