Negocio de alimentos con sobreprecio vincula a familia Landsmanas

Dentro del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un grupo empresarial mexicano vinculado a la familia Landsmanas, encabezado por Jack Landsmanas Stern, aparece en investigaciones sobre la venta de alimentos con sobreprecios destinados a Venezuela. El caso se inscribe en una serie de indagatorias que documentan la participación de intermediarios privados en contratos de importación de alimentos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Las líneas de investigación abiertas sobre las empresas que participaron en la cadena de suministro del programa CLAP se reactivaron tras la destitución de Alex Saab como ministro de Industria y Producción de Venezuela. Saab, empresario colombiano sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue señalado por autoridades estadounidenses como operador de una red de contratos inflados para la importación de alimentos. En ese entramado aparecen compañías ligadas al Corporativo Kosmos, el grupo empresarial de la familia Landsmanas.

Mediante esquemas de intermediación que incorporaron empresas offshore y contratos con precios superiores al valor de mercado, Kosmos y otras firmas relacionadas habrían participado en exportaciones de alimentos a Venezuela, operaciones que derivaron en indagatorias tanto en México como en Estados Unidos.

Por su presencia en la industria alimentaria y por contratos públicos de distribución en cárceles mexicanas, la familia Landsmanas ha sido ubicada bajo observación de autoridades de ambos países.

De acuerdo con El Financiero, en México se abrió una investigación desde los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, en la que se mencionó la presunta complicidad de altos funcionarios cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El diario señala que el vínculo entre Landsmanas y Saab no se traduce necesariamente en una relación comercial formal directa; sin embargo, ambos figuran en investigaciones sobre cadenas de negocios ligadas a contratos CLAP, por sospechas de financiamiento irregular e incluso bajo categorías utilizadas por Estados Unidos para investigar posibles vínculos con actividades de financiamiento al terrorismo por su relación con el régimen venezolano.

Autoridades mexicanas iniciaron desde 2019 indagatorias que abarcaron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas infladas ligadas al envío de alimentos desde México a Venezuela.

De manera reiterada, la familia Landsmanas ha negado tener vínculos con Saab o participar en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, al sostener que sus operaciones obedecen a actividades legítimas dentro del sector alimentario.

La empresa de arrendamiento de vehículos Turbofin, que ha obtenido contratos públicos de alto monto en diversas entidades del país, aparece mencionada en este contexto por la relación documentada con Jack Landsmanas. Turbofin pertenece a Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain, también controladores de Grupo Traxión, compañía de transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los reportes periodísticos señalan a Turbofin, que opera como empresa privada, por la adjudicación de contratos sin licitación para el arrendamiento de patrullas y vehículos oficiales, situación que ha generado cuestionamientos sobre mecanismos de contratación y redes empresariales; Traxión, por su parte, al operar como empresa pública, está sujeta a obligaciones de revelación financiera ante inversionistas y autoridades bursátiles.