Landsteiner, el conglomerado que sobrevive a juicios, deudas y sigue recibiendo contratos públicos

En México, pocas empresas farmacéuticas han acumulado tantos contratos públicos y procesos judiciales como Landsteiner Scientific. El conglomerado encabezado por Miguel Antonio Granados Cervera suma más de 10 mil millones de pesos en adjudicaciones federales en los últimos 15 años, a pesar de un historial marcado por litigios, deudas millonarias y cuestionamientos sobre la calidad de sus productos.

De acuerdo con datos oficiales, Landsteiner Scientific y Landsteiner Pharma han obtenido 432 contratos desde 2010, cifra que en 2025 alcanzó un récord: 80 contratos por más de 3 mil 500 millones de pesos. Esto ocurre a pesar de que la empresa atravesó un concurso mercantil en 2022, derivado de adeudos por más de 2 mil 800 millones de pesos con instituciones como Bancomext, BBVA, Invex y Banorte.

El convenio de reestructura aprobado en 2023 permitió a la empresa mantenerse como proveedor del sector salud, bajo esquemas de pago a 19 años o quitas de hasta el 80%. Esta maniobra financiera le abrió nuevamente la puerta a contrataciones con instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), que en marzo de este año le adjudicó un contrato por 58 millones de pesos.

Durante la pandemia, Landsteiner fue protagonista de otro episodio polémico: la fallida adquisición de 32 millones de vacunas Sputnik V y la entrega al IMSS de pruebas rápidas defectuosas, que arrojaban falsos positivos de Covid-19. Pese a estos antecedentes, la empresa continuó accediendo a contratos sin restricciones visibles.

El entramado empresarial de Granados Cervera se extiende a 16 razones sociales, incluyendo firmas vinculadas al desarrollo de productos con cannabinoides y a la industria de la salud. Sin cédula profesional, pero con solicitudes de patente a su nombre, el empresario ha tejido alianzas con bancos como Invex y CIBanco, que figuran como accionistas en algunas de sus compañías.

Actualmente, Landsteiner enfrenta más de 400 procesos judiciales, incluyendo amparos y litigios administrativos. Uno de los más recientes es contra Birmex, empresa estatal de biológicos, a la que reclama el “silencio administrativo” tras haber sido exhibida por la presidenta Claudia Sheinbaum por irregularidades en adquisiciones.