Investigación de Secretaría Anticorrupción alcanza contrato de vales tras inconformidad contra Broxel

La investigación sobre la licitación federal de vales de despensa adjudicada a Servicios Broxel se mantiene abierta, confirmó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, después de que otra de las participantes promoviera un procedimiento de inconformidad por presuntas irregularidades en el proceso.

La inconformidad fue presentada por Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., al señalar que la firma Broxel no habría registrado los precios unitarios en su propuesta económica, precisó la dependencia en un comunicado, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes para, en su caso, determinar las responsabilidades que procedan conforme a la ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el pasado 28 de noviembre la licitación identificada como LA-06-400-006400001-N-19-2025, con el objetivo de suministrar vales electrónicos de despensa correspondientes a la prestación de fin de año para el ejercicio fiscal 2025.

La atención de 206 instituciones de la Administración Pública Federal forma parte del contrato, con una vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025 y un monto que va de 7 mil 345 millones a 10 mil 338 millones de pesos, según la información.

Como un medio legal previsto en la normatividad de contrataciones públicas, el procedimiento de inconformidad permite que los participantes señalen posibles irregularidades que se resuelven conforme a los plazos y etapas establecidos en la ley, indicó la Secretaría Anticorrupción.

La bonificación total establecida en el fallo (5.76%) no resultaba viable como esquema de negocio, habría argumentado Broxel, y únicamente podría aplicar el descuento que presentó en su propuesta (3.01%); esa versión se expuso el pasado 23 de diciembre durante la conferencia matutina y generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones originalmente aprobadas en la licitación.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue requerida por Claudia Sheinbaum, ante este escenario, para informar el estado que guarda la revisión del proceso y las determinaciones correspondientes.

La dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2,200 puntos del país motivó alertas de los propios trabajadores del gobierno federal sobre riesgos en los plazos, en medio de denuncias y protestas que se dieron en paralelo a la activación de la revisión del procedimiento, además de dudas sobre el cumplimiento de las condiciones económicas previstas en el fallo.

Incumplir o engañar en los procedimientos de contratación tiene consecuencias, advirtió la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, al reiterar su compromiso con la legalidad e integridad en las compras públicas.