Exhiben operación inmobiliaria de 8.1 mdp realizada por Mónica Oyervides en gestión de Félix Arratia

La adquisición de una propiedad campestre de 8.1 millones de pesos por parte de Mónica Oyervides, alcaldesa de Juárez, Nuevo León, quedó bajo cuestionamiento luego de que una investigación de El Norte identificara diferencias entre el valor de la operación y los ingresos reportados por la funcionaria. La compra se realizó al contado cuando ella presidía el DIF municipal y Félix Arratia, su esposo, encabezaba el Ayuntamiento.

El documento notarial consultado por el diario fija el 19 de noviembre de 2025 como fecha de formalización de la compraventa. La operación correspondió a un terreno de 5 mil 003 metros cuadrados situado en el fraccionamiento Campestre Las Huertas, en la Congregación Huajuquito, municipio de Santiago, y fue realizada ante el Notario Público 143.

Para marzo de 2026, cuatro meses después de la adquisición, Oyervides ya había asumido la presidencia municipal de Juárez. Su antecesor y esposo, Félix Arratia, había dejado el puesto para incorporarse al gabinete del gobernador Samuel García como secretario de Igualdad e Inclusión.

Sobre la forma en que se financió la compra, el reportaje indica que la propiedad fue registrada en la declaración patrimonial de Oyervides, presentada en mayo de este año. Sin embargo, el documento no mostraba ingresos, inversiones, cuentas bancarias, participaciones accionarias o antecedentes laborales que permitieran explicar por sí mismos el origen de los recursos.

Las características del inmueble también fueron descritas a partir de la declaración patrimonial citada por El Norte, que reporta una construcción de 389 metros cuadrados. En las imágenes aéreas difundidas se aprecia una casa principal, una alberca, jardines y áreas arboladas.

A la comparación de ingresos y valor de compra se agrega el precio de otra propiedad ubicada junto a la finca. El terreno contiguo tiene una superficie aproximada de 5 mil metros cuadrados, no cuenta con construcciones y se encontraba en venta por 17.5 millones de pesos, más del doble de los 8.1 millones pagados por Oyervides por un inmueble que incluye casa, alberca y jardines.

Una asesora de Buzka Inmobiliaria consultada por el periódico señaló que el metro cuadrado en esa zona se comercializa en alrededor de 3 mil 500 pesos. La especialista consideró inusualmente bajo el monto registrado en la escritura de compraventa.

En respuesta a los señalamientos, la alcaldesa sostuvo en sus redes sociales que no tenía nada que esconder y afirmó que la propiedad había sido adquirida desde 2021. No obstante, la escritura referida en la investigación establece que la operación se concretó el 19 de noviembre de 2025, durante el periodo en que Oyervides presidía el DIF municipal y Arratia gobernaba Juárez.

Por otra parte, los registros fiscales revisados indican que la funcionaria acumuló 7.1 millones de pesos en ingresos facturados entre 2021 y 2026. La cifra es inferior al costo de la propiedad: 4.6 millones correspondieron a operaciones con LF Flora México, empresa dedicada a la florería, y otros 2.3 millones a COEF Contadores y COEL Abogados, despachos vinculados con Arratia.

La información financiera abre cuestionamientos sobre la procedencia y disponibilidad de los recursos utilizados para pagar la finca. Sin embargo, los ingresos facturados no necesariamente equivalen al patrimonio completo de una persona, por lo que la diferencia entre ambas cantidades no constituye, por sí sola, una prueba de irregularidad.

En relación con la remuneración del cargo, el tabulador municipal de enero de 2026 contemplaba un pago bruto de 70 mil 500 pesos mensuales para la alcaldía. La investigación señaló que no había información actualizada disponible sobre el salario de Oyervides.

Contratos por más de 141 mdp, bajo revisión legislativa

La compra de la finca se conoce en un contexto de cuestionamientos a la administración municipal anterior, encabezada por Félix Arratia, por contratos de uniformes escolares cuyo valor supera los 141 millones de pesos y que ahora serán materia de una revisión solicitada por el Congreso de Nuevo León.

El acuerdo fue aprobado el 9 de noviembre y establece que la Auditoría Superior del Estado deberá revisar el programa “Uniformes, ¡A tus órdenes!”. La solicitud legislativa se originó ante los señalamientos sobre las compañías contratadas y la información disponible respecto al destino de los recursos.

De acuerdo con lo expuesto por la diputada Perla Villarreal, los contratos habrían sido otorgados a Textichava por aproximadamente 67 millones de pesos y a Industrial Mafer por 74.6 millones. La legisladora cuestionó los antecedentes de los proveedores y solicitó esclarecer las condiciones en que se realizaron las adjudicaciones.

Otro de los aspectos que contempla el acuerdo es la participación de Arratia, quien actualmente ocupa la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, en la promoción y entrega de las prendas escolares.

La petición de fiscalización no implica que se haya establecido alguna responsabilidad administrativa o penal, pero permitirá examinar institucionalmente el gasto efectuado durante las administraciones municipales de Arratia y Oyervides.

Los señalamientos relacionados con el exalcalde de Movimiento Ciudadano también incluyen otros episodios vinculados con la contratación pública y el desempeño de sus funciones, los cuales han sido difundidos durante los últimos meses.

Uno de ellos se presentó en enero de 2026, cuando se publicaron cuestionamientos por licitaciones de alumbrado público que rondaban los 300 millones de pesos. Arratia negó tener vínculos indebidos con las empresas mencionadas y aseguró que las publicaciones respondían a una campaña en su contra.

En abril, la diputada Rocío Montalvo acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para denunciar presunta usurpación de funciones y ejercicio ilícito del servicio público. La legisladora argumentó que Arratia habría seguido interviniendo en actividades públicas como si continuara al frente del Ayuntamiento, pese a haber solicitado licencia para incorporarse al gabinete estatal.