Empresa pedrera acusa “extorsión” del gobierno de Nuevo León tras reapertura

La acusación de “extorsión disfrazada de acoso institucional” contra el gobierno de Nuevo León fue planteada por la pedrera Matrimar en dos comunicados. La empresa, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, sostiene que el conflicto inició tras la reapertura legal de sus instalaciones, con la que reactivó sus actividades y benefició a 500 familias en la región.

En sus señalamientos, Matrimar afirma que, pese a contar con dicha reapertura, autoridades estatales intentaron clausurar sus instalaciones durante la madrugada, luego de que la empresa se negara a efectuar un pago que considera irregular. Asimismo, rechaza acusaciones sobre pozos clandestinos y tomas ilegales de agua, y asegura haber sido auditada por instancias ambientales federales y estatales sin que se detectaran irregularidades.

A través de uno de sus comunicados, la empresa declaró: “Matrimar no cederá ante intentos institucionales de exigir pagos millonarios en efectivo al margen de la ley, conductas que están siendo perseguidas penalmente en el país”.

De acuerdo con la versión de la compañía, la controversia se agravó tras la implementación del llamado “impuesto verde” en la Ley de Ingresos 2022. Este gravamen aplica a emisiones contaminantes, descargas de agua y a la extracción de materiales pétreos como la piedra caliza, actividad central para las pedreras. Matrimar señala que ha sido una de las principales afectadas, aun cuando cumple con auditorías fiscales y ambientales.

La recaudación derivada del “impuesto verde” ha sido motivo de debate en Nuevo León. Tan solo en 2024, por la extracción de materiales pétreos se obtuvieron 1,162 millones de pesos, sin que el destino específico de esos recursos esté claramente desglosado en informes públicos.

En cuanto al uso de los fondos, la Secretaría de Finanzas ha administrado los recursos sin detallar asignaciones concretas a proyectos ambientales. En entrevistas concedidas en 2024, el entonces secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, mencionó acciones generales como la plantación de árboles, trabajos de limpieza en el río Pesquería o una inversión de 23 millones de pesos en plazas y camellones, aunque reconoció no contar con cifras exactas ni proyectos específicos. Posteriormente, diputados del PAN y del PRI solicitaron informes detallados y señalaron falta de transparencia.

Desde el sector productivo, diversas empresas han señalado que las inspecciones y sanciones responden más a un enfoque recaudatorio que a criterios estrictamente ambientales. Fuentes empresariales consultadas describieron el contexto como un “asedio institucional” y vincularon el endurecimiento fiscal con la necesidad de obtener recursos para proyectos de infraestructura asociados al Mundial de Fútbol 2026, para el cual Nuevo León será sede.

Estas denuncias se enmarcan en un clima de mayor inconformidad por las políticas fiscales del gobierno estatal. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras y asociaciones del sector privado de Nuevo León, entre ellas COPARMEX Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, expresaron su rechazo al incremento propuesto al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

El aumento del ISN, que elevó la tasa del 3% al 4% y fue aprobado dentro del Paquete Fiscal 2026, fue calificado por el sector empresarial como un golpe a la competitividad y una amenaza para los empleos formales. Jorge Santos Reyes, presidente de Caintra Nuevo León, advirtió que la medida impactaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al incrementar los costos laborales y limitar la contratación.

“En este contexto adverso, los incrementos impositivos significan menos empleos, más informalidad y menor capacidad de crecimiento. El empleo formal es la principal fuente de movilidad social y bienestar para las familias nuevoleonesas”, subrayó Santos en un comunicado conjunto del sector empresarial.

A este escenario se suman señalamientos del sector transporte. A inicios de enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció abusos por parte de elementos de tránsito municipal en distintas zonas del estado, al señalar que estas prácticas de extorsión han generado pérdidas económicas millonarias para los transportistas.