Alza al transporte en Guadalajara genera protestas por esquema de pago ligado a Broxel

El aumento a la tarifa del transporte público en Guadalajara desató inconformidad social por el modelo de cobro que condiciona el acceso al subsidio al uso de una tarjeta operada por la empresa financiera Broxel. El pasaje general pasó de 9.50 a 14 pesos, mientras que la tarifa preferencial de 11 pesos quedó sujeta al registro en el sistema.

Durante el fin de semana, cientos de personas participaron en movilizaciones convocadas por la Asamblea Popular contra el Tarifazo y otros colectivos. Una de las marchas partió de la glorieta de la Minerva con destino a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, a la par de otra protesta que recorrió del parque Revolución al centro de la ciudad.

Organizaciones ciudadanas cuestionaron que el esquema obligue a los usuarios a entregar información personal, biométrica y de geolocalización para acceder a un servicio público esencial. A su juicio, el transporte se convirtió en un mecanismo de captación de datos y en una vía de acceso a potenciales clientes para servicios financieros.

El contrato firmado con la empresa establece un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa a cargo del gobierno estatal. De alcanzarse la meta de cinco millones de personas inscritas al subsidio, el gasto anual superaría los 327 millones de pesos únicamente por la operación del sistema.

Los colectivos también advirtieron que la empresa puede ofrecer a esta base de usuarios productos financieros y comerciales como transferencias, remesas y pagos de servicios. Aunque dichas opciones no son obligatorias, señalaron el riesgo de que los usuarios queden sujetos a un esquema de clientela cautiva, además de posibles cobros por reposición del plástico u otros trámites.

En el ámbito institucional, el pasado 26 de enero ciudadanos entregaron al Instituto Electoral de Jalisco cerca de 5 mil 900 firmas para solicitar un plebiscito contra el condicionamiento del subsidio al uso de la tarjeta. El IEPC respondió que no cuenta con atribuciones para convocar consultas sobre tarifas, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza deberá resolver si el ejercicio procede.