Denuncian intervención indebida de titular del OIC del ISSSTE en licitación de aseo y desinfección

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encuentra en el centro de una denuncia contra Luis Antonio García Calderón, titular del Órgano Interno de Control (OIC), quien presuntamente habría intervenido en la licitación pública LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, destinada a contratar el servicio especializado de aseo, higiene y desinfección de sus inmuebles y unidades médicas.

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia que solicita una investigación en torno a las acciones del titular del OIC. Esta denuncia está dirigida al Director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, Martín Rubio Millán, y menciona también a dos trabajadoras del Área de Responsabilidades que habrían intervenido en la resolución del recurso de inconformidad 006/2025.

En lugar de ordenar la reposición del fallo por las omisiones en la evaluación económica, el OIC, el 21 de julio, resolvió un “incidente por defecto” que favoreció a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, S.A. de C.V. Este fallo incluyó la prohibición de cualquier revisión adicional y advirtió que aquellos funcionarios que no acataran la instrucción serían sancionados.

De acuerdo con el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, cualquier oferta con “información que cause confusión, incertidumbre o contradicciones respecto al cumplimiento del servicio” debe ser rechazada, lo que ocurrió con la propuesta de Armot.

No solo invade las funciones de la entidad contratante, el ISSSTE, que está a cargo de Martí Batres, sino que la decisión del OIC también transgrede los derechos de los demás involucrados en el procedimiento, especialmente los de Ocram Seyer, S.A. de C.V., en colaboración con Wilk S. de R.L. de C.V., quienes recibieron la adjudicación del contrato en el fallo original del 12 de febrero, después de haber presentado una propuesta que cumplía con los requisitos técnicos y económicos especificados en las bases.

Entre las observaciones señaladas en la denuncia, se encuentran la omisión de los estados financieros completos del ejercicio 2023 y la presentación de facturas canceladas como soporte para acreditar la capacidad técnica y de equipo. A pesar de estas irregularidades, la empresa favorecida habría obtenido una calificación técnica de 59 puntos sobre 60.

La organización señala que, al resolver el recurso de inconformidad, el OIC optó por no revisar ni modificar dichos aspectos, lo que, según ellos, impidió a la entidad convocante ejercer su facultad de análisis integral.

Las funcionarias Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, del Área de Responsabilidades del OIC, son también mencionadas en el documento, en el que se les acusa de tener conocimiento de las inconsistencias sin actuar conforme a las normativas correspondientes. Se solicita además una revisión de su situación patrimonial.

Cuando Luis Antonio García Calderón habría intervenido fuera de las atribuciones del titular del OIC, se transforma a la autoridad vigilante en operador, lo que rompe con el principio de imparcialidad y legalidad que debe prevalecer en los procedimientos administrativos.