“Alito” Moreno enfrenta denuncia por desvío de $4 mil millones de pesos y corrupción

Durante su administración como gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, ahora presidente nacional del PRI, habría desviado aproximadamente 4 mil millones de pesos de recursos federales, entre otros delitos señalados, motivo por el cual el diputado Miguel Prado, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión, lo demandó ante la Fiscalía General de la República.

Probables actos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, hechos de corrupción y lavado de dinero, así como enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones o facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aparecen en la denuncia.

Los resultados de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación indican que, durante su mandato como gobernador de Campeche desde el 16 de septiembre de 2015 hasta el 13 de junio de 2019, el líder priista habría incurrido en diversos ilícitos.

El aumento desproporcionado del patrimonio del funcionario y su familia, “se incrementaron de forma desproporcionada, en relación a lo manifestado en sus declaraciones patrimoniales, al haber adquirido diversas propiedades millonarias, lo que resulta incongruente con los ingresos que ha percibido como servidor público”, al ser el perjuicio estimado de al menos 3 mil 941 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal.

Las irregularidades detectadas por la ASF en el manejo de los recursos públicos de Campeche suman 92, al cubrir los años de 2016 a 2019 y se centran principalmente en el sector salud y pagos de nóminas.

Hasta por 20 años se pide a la autoridad judicial que se investigue e inhabilite a Alejandro Moreno Cárdenas y/o a quienes se les atribuya responsabilidad, en relación con la ocupación de empleos, cargos o comisiones públicas. Asimismo, se solicita que se les embarguen sus bienes y cuentas bancarias como medida cautelar.

María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en combate a la corrupción, y Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, fueron los receptores de la denuncia.