Vinculan a proceso a exalcalde de Ahome; empresa Casanova Vallejo, bajo la lupa

Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, fue vinculado a proceso penal este martes 4 de junio por presuntas irregularidades en la contratación de 126 patrullas a través de un esquema que involucró a empresas cuestionadas y presuntamente favorecidas sin licitación pública.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló cargos por abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, dentro de la causa penal 830/2025. De acuerdo con la investigación, el contrato fue firmado en diciembre de 2021 por 171 millones 451 mil pesos, sin cumplir los requisitos legales de transparencia.

El juez Carlos Alberto Herrera determinó que existen elementos suficientes para que continúe el proceso, otorgando a las partes un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Mientras tanto, Vargas Landeros deberá presentarse a firmar de manera periódica ante las autoridades y tiene prohibido salir del país.

El contrato fue adjudicado a la empresa Grinleasing SAPI de CV, la cual, al día siguiente de obtenerlo, cedió las unidades en subarrendamiento a Casanova Vallejo, firma inhabilitada por autoridades y vinculada a los empresarios Carlos y Joaquín Echenique Casanova.

Este esquema fue señalado en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, que respaldó la solicitud de desafuero contra el entonces edil. Según el Ministerio Público, Grinleasing no contaba con la capacidad técnica ni financiera para asumir el contrato, por lo que habría actuado como intermediaria en beneficio de un tercero sancionado.

Casanova Vallejo enfrenta antecedentes por situaciones similares. En Culiacán, bajo el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro, participó en el arrendamiento de camiones recolectores de basura, otro contrato que también terminó en los tribunales.

A pesar de su inhabilitación administrativa —impugnada por la empresa ante instancias judiciales—, Casanova Vallejo ha mantenido relaciones contractuales con el sector público. Según datos de Compranet, entre 2022 y 2025 celebró 84 contratos con dependencias federales, por un monto superior a 519 millones de pesos.

La Fiscalía ya notificó a la Unidad de Extinción de Dominio, instancia que evaluará si hay elementos para iniciar un procedimiento respecto a los bienes implicados en esta operación.