Señalan que José Luis Moyá busca prerrogativas en el penal capitalino

El interno José Luis Moyá Moyá, autollamado “zar de las solicitudes de información”, trataría de obtener privilegios dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, según fuentes del centro, cercano a cumplirse un año de su detención por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El interno, conforme a esas versiones, ha dicho temer por su vida y refiere haber sido objeto de amenazas, agresiones físicas e incluso un intento de homicidio atribuido a otro recluso.

Pese a que se le practicaron estudios, afirma no contar con atención médica adecuada. Con ese sustento, habría solicitado cambio de celda, así como que se garantice su integridad física y el acceso a servicios médicos. Fuentes consultadas sostienen que esas quejas buscan presionar a las autoridades penitenciarias y obtener trato preferencial.

Moyá Moyá sigue privado de la libertad desde octubre de 2024, fecha en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de aprehensión; la detención aconteció después de que, en 2023, la entonces fiscal Ernestina Godoy anunciara el inicio de una investigación por acusaciones que incluían extorsión.

Un video alojado en YouTube sobre el caso Moyá Moyá afirma documentar irregularidades financieras que lo vinculan a él y a su familia; ahí se señala a Rosa María Moyá, madre del acusado, de 87 años, por realizar transferencias millonarias sin actividad empresarial conocida.

El mismo material asegura que en 2020 la mujer manejó más de 11 millones de pesos sin justificación aparente; además, entre 2019 y 2021 habría efectuado siete operaciones bancarias por 5 millones 248 mil 957 pesos a Luis Ceferino Macías Noguera, identificado como su yerno, pese a no contar con actividad empresarial conocida.

Con una trayectoria de los últimos 15 años como referente en transparencia y combate a la corrupción, Moyá presumió récords de solicitudes de información y recursos de revisión, así como vínculos con periodistas y medios; sin embargo, distintas fuentes y testimonios lo acusan de lucrar con información obtenida vía transparencia para beneficio personal o para extorsionar a empresarios y funcionarios.

Otra arista del caso lo relaciona con Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que renunció tras el escándalo por el presunto uso de una tarjeta institucional en un table dance.

En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación, al afirmar que le pidió dinero a cambio de no dañar su imagen pública; en una entrevista reciente, Miranda indicó que no fue la única víctima.

Por su parte, el propio Moyá reconoció públicamente haber recibido pagos bajo nombres falsos en instituciones públicas. Durante su comparecencia en 2014, cuando buscaba ser comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), admitió que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información con el objetivo de intervenir en licitaciones públicas.

“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró entonces ante senadores.

La resolución judicial, soportada en pruebas del Ministerio Público, vinculó a proceso a Moyá Moyá y ratificó su prisión preventiva; por ello seguirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur hasta que se determine su situación legal. Asimismo, se instruyó inmovilizar sus cuentas bancarias para evitar movimientos de recursos presuntamente ilícitos.