Protesta ciudadana por Ruta 322 reabre debate sobre operativos de Movilidad en Nuevo León

Una protesta ciudadana registrada este fin de semana reavivó las críticas hacia la política de inspección del Gobierno de Nuevo León, luego de la suspensión del servicio de la Ruta 322, una de las pocas que aún opera con pago en efectivo y que conecta diversas colonias de San Nicolás con el centro de Monterrey.

Tras las revisiones efectuadas por inspectores del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, operadores de la empresa denunciaron que fueron aplicadas multas y retirados dos camiones de circulación. Los transportistas sostienen que dichos operativos forman parte de una estrategia para presionarlos a incorporarse al sistema de las nuevas unidades conocidas como "camiones verdes", propuesta que la empresa ha rechazado por considerar que modificaría su modelo de operación.

Ante la falta de transporte para miles de usuarios, decenas de vecinos bloquearon la circulación en la zona donde se ubica la base de la ruta para exigir que el servicio continúe operando. Los manifestantes señalaron que representa una alternativa indispensable para trabajadores, estudiantes y adultos mayores, especialmente porque mantiene el cobro en efectivo y comienza operaciones desde la madrugada.

Al explicar el impacto que tendría la desaparición de la ruta, Mirna González, vecina de la colonia Jardines del Mezquital, afirmó: "Nos dicen que hay otras opciones, pero ninguna pasa a la hora que necesitamos. Mucha gente entra a trabajar antes de las seis de la mañana y esta ruta nos resolvía el traslado. No queremos que desaparezca por un conflicto entre autoridades y concesionarios".

Respecto al desarrollo de los operativos, entre los conductores también surgieron inconformidades. Uno de ellos, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias, comentó: "Nos revisan constantemente y cualquier detalle termina en multa o en sacar un camión de circulación. Sentimos que buscan obligarnos a entrar a un esquema que la empresa no ha aceptado".

Como medida temporal para atender la demanda, el Instituto de Movilidad informó que enviaría unidades del sistema estatal mientras se resuelve el conflicto. Sin embargo, la decisión no disipó el malestar entre los usuarios, quienes insistieron en que el problema de fondo es preservar una ruta que durante más de tres décadas ha prestado servicio en la zona.

Nuevamente, el episodio colocó en la discusión pública la política regulatoria impulsada por la administración del gobernador Samuel García. Organismos empresariales y distintos sectores productivos han señalado en los últimos meses un incremento en las inspecciones y procedimientos administrativos por parte de diversas dependencias estatales, particularmente en materia ambiental y de movilidad, situación que algunos consideran una estrategia de mayor presión regulatoria.

Hasta el cierre de esta edición, continuaban las conversaciones entre autoridades estatales y representantes de la empresa para restablecer el servicio, mientras la Ruta 322 permanecía sin operar de manera regular.