Licitación de arrendamiento vehicular enfrenta versiones sobre presiones antes del fallo

A unos días de que se emita el fallo de la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026, fuentes consultadas al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguran que el procedimiento enfrenta presuntas presiones y labores de cabildeo en torno al proceso de contratación.

De acuerdo con las versiones recabadas, el equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, sería el que enfrenta estas gestiones durante la etapa final del procedimiento, cuyo resultado está previsto para el próximo 31 de julio.

Las mismas fuentes señalan que dichas acciones serían promovidas por el ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) de la SHCP, Jorge Trejo Bermúdez. Presuntamente, con el respaldo de funcionarios que permanecen en la dependencia desde la gestión de la oficial mayor Thalía Lagunas, buscaría que la licitación fuera declarada desierta.

Asimismo, las fuentes consultadas afirman que empresas participantes en el concurso, entre ellas Casanova Vallejo e Impulsa tu Ganancia de la mano de Arrendo Serv, habrían logrado retrasar el inicio de la revisión de las propuestas económicas y la publicación del acta de evaluación.

El procedimiento contempla contratar de manera consolidada el servicio de arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos, distribuidos en 30 partidas, para atender durante 48 meses las necesidades de más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con recursos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2026 a 2030.

Entre las instituciones que serían beneficiadas por el contrato se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Banco del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua y diversas dependencias federales.

Las fuentes advirtieron que una eventual declaratoria de desierto obligaría a replantear el procedimiento de contratación, lo que retrasaría la disponibilidad de la flotilla vehicular. En su opinión, ello podría afectar la operación de programas prioritarios y las actividades de distintas dependencias que requieren estas unidades para realizar trabajo de campo y prestar servicios públicos.

De manera adicional, funcionarios consultados indicaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, mantiene seguimiento al desarrollo de la licitación.