Jueza Riojas Orozco enfrenta suspensión en medio de disputa con despacho tras amparo a feminicida

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió de manera temporal a la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, tras una queja presentada por la defensa de una víctima de feminicidio. La queja señaló que la juzgadora debió recusarse de oficio por tener “enemistad manifiesta” con los abogados del despacho Nassar, Nassar y Asociados, señalados públicamente por una acusación de violación en 2021.

La suspensión ocurrió luego de una resolución emitida en marzo de 2026 dentro de un juicio de amparo promovido a favor de Mario Alberto Sabag Corona, imputado por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo. El amparo fue concedido debido a que el imputado acumulaba más de dos años en prisión preventiva sin que el juez de control hubiera actualizado la justificación de la medida. Como resultado, un juez de control ordenó la prisión domiciliaria.

El criterio aplicado en el caso se basó en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a revisar la prisión preventiva cuando una persona acumula dos años en reclusión. No obstante, la familia de la víctima, representada por el despacho Nassar, Nassar y Asociados, presentó una queja disciplinaria argumentando que Riojas Orozco debía haberse separado del caso.

El 1 de septiembre de 2025 se formalizó la llegada de Riojas Orozco al cargo y el 25 de septiembre de ese año se notificó su titularidad en diversos juicios de amparo. En dichas notificaciones se citó el artículo 50 de la Ley de Amparo, que establece que las partes deben manifestar en su primer escrito la existencia de algún impedimento legal; de lo contrario, se entiende que aceptan su conocimiento. Durante cinco meses, la representación de la familia no manifestó impedimento alguno.

La recusación fue presentada después de que se emitiera una sentencia desfavorable para la parte quejosa. Pese a ello, el Tribunal de Disciplina Judicial determinó procedente la suspensión cautelar mientras se investiga una posible falta grave. La medida es inédita para una juzgadora electa por voto popular.

La decisión generó protestas de familiares de la víctima y colectivos feministas, que bloquearon vialidades en la Ciudad de México y exigieron la destitución de la juzgadora, argumentando que la resolución careció de perspectiva de género y puso en riesgo a la víctima indirecta. De acuerdo con versiones relacionadas con el caso, la recusación habría sido considerada extemporánea y el procedimiento interpretado como una represalia del despacho involucrado.