Coparmex alerta sobre aumento de extorsiones y presión administrativa en Nuevo León

Autoridades o personas que se hacen pasar por funcionarios públicos se han convertido en una de las principales fuentes de extorsión contra empresas en distintas entidades del país, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en medio de una creciente ola de denuncias por presuntos actos de extorsión, cobros indebidos y presión administrativa relacionados con dependencias y funcionarios del gobierno de Samuel García Sepúlveda en Nuevo León.

Especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas resultan afectadas por este fenómeno, señaló el organismo empresarial, al advertir además que la situación inhibe inversiones y genera incertidumbre jurídica. Durante una conferencia realizada el 11 de mayo, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que el delito de extorsión “está desbordado” y sostuvo que, en algunos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.

“Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, afirmó Juan José Sierra al presentar cifras correspondientes al primer trimestre de 2026. De acuerdo con el dirigente, este delito representa un impacto económico estimado en 15 mil millones de pesos anuales, equivalente a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB).

Con un promedio de 32.4 casos diarios, entre enero y marzo de este año se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en el país, según datos expuestos por la Coparmex. Aunque la cifra representa una reducción marginal de 3.73% respecto al mismo periodo de 2025, el organismo señaló que se mantiene como el segundo nivel más alto de los últimos 11 años.

El 97% de los casos no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, añadió la confederación. Además, detalló que 68% de las extorsiones corresponden a llamadas telefónicas, mientras que 31.2% involucran otras modalidades, incluidos cobros de piso. En el caso de empresas afiliadas que reportaron haber sido víctimas, 37% señaló que el cobro fue realizado por autoridades o personas que aparentaban serlo.

Tres de cada 10 empresas afiliadas reportan inspecciones ilegales por parte de autoridades municipales, estatales y federales, informó apenas la semana pasada la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna. Los señalamientos ocurren en medio de una creciente discusión en Nuevo León sobre inspecciones, auditorías y presuntas presiones administrativas atribuidas al gobierno estatal encabezado por Samuel García Sepúlveda contra empresas.

Revisiones similares sobre un mismo establecimiento son realizadas por dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud, señaló la Caintra, situación que genera duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausura o extorsión. El organismo adelantó que impulsará una Ley de Procedimientos Administrativos para homologar criterios de inspección y reducir espacios de interpretación discrecional entre empresas y funcionarios.

Retención de permisos, multas y cierres administrativos en distintos municipios y dependencias estatales fueron denunciados por empresarios del sector comercial durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, celebrada los días 20 y 21 de marzo de 2026.

Existe una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” que utilizan trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión sobre negocios y empresas, afirmó en ese encuentro el presidente de la Canaco de Monterrey, Jaime Herrera Casso.

“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente frente a representantes del sector privado y autoridades estatales.

Desde 2025, la empresa extractiva Materiales Triturados Martínez, ubicada en el municipio de Cerralvo, ha denunciado presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros derivados del impuesto ambiental estatal implementado en 2022. Las denuncias empresariales coinciden además con el conflicto entre la compañía y el gobierno estatal encabezado por Samuel García Sepúlveda.

Tras la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa, el caso escaló. Posteriormente, legisladores locales solicitaron que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación ante la presunta participación de funcionarios estatales. El Gobierno de Nuevo León rechazó las acusaciones y sostuvo que las acciones emprendidas corresponden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.