José Luis Moyá Moyá cumple 157 días en prisión por operaciones ilícitas

José Luis Moyá Moyá, señalado por su posible vinculación con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lleva 157 días internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, tras su aprehensión el 18 de octubre de 2024.

La detención fue resultado de una exhaustiva investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), bajo la dirección de la fiscal Ernestina Godoy, quien en marzo de 2023 anunció que se realizarían diligencias para esclarecer diversas acusaciones que pesaban sobre el acusado, especialmente por extorsión.

Uno de los elementos que ha catapultado el caso fue la difusión en redes sociales de un video, que aún está disponible en YouTube, (https://www.youtube.com/watch?v=UeOMlGqEH-I) en el que se exponen movimientos financieros sospechosos relacionados con la familia Moyá.

En este material, se mencionan depósitos millonarios, particularmente involucrando a Rosa María Moyá, madre de José Luis, quien, a pesar de no tener actividad económica registrada, aparentemente transfirió grandes sumas de dinero entre 2019 y 2021.

Según el video, Rosa María Moyá, de 87 años, pudo haber gastado más de 11 millones de pesos en 2020, a pesar de que su única actividad laboral declarada era el trabajo doméstico. Las transferencias de dinero que realizó, por un monto total de 5 millones 248 mil 957 pesos, habrían sido dirigidas a Luis Ceferino Macías Noguera, presunto yerno de la señora. Estos movimientos bancarios no tienen una justificación clara, lo que refuerza las sospechas de que los fondos provienen de actividades ilícitas.

A lo largo de los últimos 15 años, José Luis Moyá Moyá se presentó como un experto en transparencia y combate a la corrupción, destacando por sus registros de solicitudes de información a diversas dependencias gubernamentales. Sin embargo, ha trascendido que Moyá utilizaba dicha información para obtener beneficios personales y extorsionar a quienes, según él, incurrían en irregularidades.

En 2006, la activista Isabel Miranda Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, denunció a Moyá por extorsión y difamación. Según los reportes de la época, Moyá habría solicitado dinero a cambio de no dañar la imagen pública de Miranda Wallace. En una reciente entrevista, la activista aseguró que no fue la única persona a la que Moyá intentó extorsionar.

Fuentes cercanas al caso detallaron que uno de los modus operandi de Moyá Moyá era infiltrarse en las nóminas de instituciones públicas utilizando identidades falsas, una práctica que él mismo reconoció públicamente.

En 2014, durante su intento por obtener el cargo de comisionado en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los senadores cuestionaron a Moyá sobre su fuente de ingresos y su historial laboral. En su respuesta, Moyá admitió que varios funcionarios le pagaban de manera irregular, con nombres falsos, para evitar posibles investigaciones de corrupción.

En esa misma comparecencia, Moyá explicó: “Hay empresarios que me contratan cuando se dan cuenta que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y yo hago la denuncia. ¿Por qué? Porque cuando un empresario participa en una licitación en el gobierno de la Ciudad de México se inconforma o presenta una denuncia en la Contraloría, automáticamente lo vetan.”

Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la Fiscalía logró vincular a proceso a José Luis Moyá Moyá. Durante la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, el juez ratificó la prisión preventiva y ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias, como parte de las medidas cautelares que pesan sobre él.