Investigaciones periodísticas señalan a hijos de alcaldesa de Cuautitlán en esquema de obras

En el ámbito municipal del Estado de México, los hermanos César Alejandro y Diego Alberto Reyna Carrillo, hijos de la presidenta municipal de Cuautitlán, Juana Carrillo Luna, aparecen vinculados en versiones periodísticas y testimoniales a un mecanismo de presunta corrupción relacionado con obras públicas en Cuautitlán y Tultitlán.

César Alejandro, con antecedentes en la Agencia Nacional de Aduanas de México durante la administración de Horacio Duarte, mantiene un historial que ha sido observado desde 2022. Su hermano Diego Alberto funge como presidente del DIF en Cuautitlán, después de ocupar la Secretaría Técnica en Tultitlán durante el gobierno de Elena García Martínez.

Ese cargo fue asumido posteriormente por Erick Vega Chavarría, señalado como cercano a Diego, quien actualmente coordina la Oficina de Presidencia en Tultitlán en la gestión de Ana María Castro Fernández.

Fuentes locales señalan que los tres habrían conformado un esquema operativo que consiste en suspender obras privadas hasta obtener aportaciones millonarias, registradas como ingresos municipales bajo la justificación de destinarlas a infraestructura y vialidades.

Los recursos, sin embargo, son adjudicados a empresas vinculadas con los mismos operadores, lo que, de acuerdo con testimonios, complica la fiscalización de los procesos de obra pública en ambas demarcaciones.

Las críticas se han intensificado dentro del propio partido Morena, con voces que cuestionan el papel de los familiares de la alcaldesa y su influencia en posiciones estratégicas de la administración local.

Aunque no existen procesos judiciales en curso, los antecedentes de César Alejandro refuerzan las dudas. Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional lo mencionaron por presuntamente manipular el sistema de semáforo aduanero en un esquema de extorsión a importadores y agentes aduanales.

El caso llegó a conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República, pero la resolución fue la separación de cargos sin judicialización. Estos episodios alimentan la percepción de concentración de poder y de opacidad en la región.