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IMP entrega contrato vehicular a la propuesta más cara pese a otras ofertas más bajas

  • Corruptómetro
  • 15 ago
  • 2 Min. de lectura
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El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), dependiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y encabezado por Víctor Rodríguez Padilla, adjudicó un contrato por dos años a Supervisión Técnica del Norte, S.A. de C.V. para el arrendamiento de transporte vehicular terrestre, a pesar de que su propuesta fue la más alta de todas las presentadas.


El fallo de la licitación pública LA-18-T0O-018T0O004-N-177-2025, publicado el 15 de agosto, asignó a la empresa la partida más importante: 250 camionetas pick-up de doble cabina, destinadas a operaciones administrativas, labores de campo y traslado de personal.


Entre las cinco compañías que participaron —Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental y Jolly Haul—, Supervisión Técnica del Norte presentó un monto total de 150 millones 299 mil 25 pesos para la partida 2. Esta cifra supera en 56 millones 121 mil 525 pesos la oferta más baja y técnicamente válida, presentada por Integra Arrenda, que ascendió a 94 millones 177 mil 500 pesos.


A pesar de que Integra Arrenda cumplió con todos los requisitos solicitados y su propuesta garantizaba validez y solvencia, fue descalificada del proceso.


El contrato para las 250 camionetas de doble cabina y 30 vehículos sedán contemplaba un rango de precios de 95.9 millones a 239.7 millones de pesos, e incluía un sistema de monitoreo en tiempo real como parte del servicio.


Al otorgar la licitación a la propuesta más cara, el IMP, bajo la supervisión de Elizabeth Mar Juárez, incumple las normas que regulan el aprovechamiento eficiente de los recursos públicos, diseñadas para garantizar que el gasto del Estado se administre de manera responsable.


El fallo sufrió múltiples aplazamientos. Inicialmente se esperaba para el 29 de julio, luego se cambió al 1 de agosto y finalmente al 8 de agosto, hasta que se publicó el 15 de agosto.


Los participantes del proceso se preparan para presentar recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control, con el objetivo de revisar el procedimiento y buscar la anulación o modificación del fallo.

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