top of page

Gobernación revisará solicitud de préstamo de Broxel a Bancomext tras irregularidades en contratos gubernamentales

hace 3 minutos
4 min de lectura

Este día, durante la conferencia Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que autoridades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informarán sobre el caso de la solicitud de crédito por parte de la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., por 4 mil 200 millones de pesos, señalada por la propia institución reguladora por presuntas irregularidades financieras e incumplimientos contractuales con múltiples dependencias gubernamentales federales y estatales.



Al ser cuestionada sobre las anomalías detectadas en múltiples adjudicaciones gubernamentales —que, de acuerdo con un informe de las autoridades fiscalizadoras, comprometen recursos del erario público—, la titular de la SEGOB adelantó: “Nosotros consultamos con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y les estaremos informando por medio del equipo de Belmont”.


Apenas la semana pasada se dio a conocer el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre y emitido por la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro, donde se advirtió al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) sobre la inviabilidad de autorizar dicha línea de crédito, ante el riesgo de que las eventuales afectaciones financieras de la compañía tecnológica terminen trasladándose a la banca de desarrollo y al erario federal.


De acuerdo con el documento oficial, tras ganar una licitación consolidada en 2025 para la distribución de vales electrónicos de despensa, la firma propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo formalizó contratos con más de 150 instituciones públicas bajo condiciones distintas a las originalmente ofertadas en el procedimiento de contratación.


La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que esta modificación de términos derivó en el cobro de recursos públicos excedentes; pese a los requerimientos formales emitidos por las autoridades fiscalizadoras, la empresa no ha reintegrado la totalidad de dichos montos y mantiene un adeudo pendiente de devolver por 29.4 millones de pesos, en perjuicio de 39 instituciones de la Administración Pública Federal.

Actualmente, el órgano de control mantiene abiertos procedimientos de investigación administrativa que podrían derivar en sanciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), incluida la inhabilitación temporal para que la empresa participe en nuevos procedimientos de contratación o reciba adjudicaciones públicas.


El análisis técnico de la autoridad fiscalizadora destaca la alta dependencia de los ingresos de Servicios Broxel respecto a las contrataciones con el sector público. Según registros oficiales, tan solo en 2025 sus contratos alcanzaron montos máximos de 9 mil 751 millones de pesos con dependencias federales y 3 mil 591 millones de pesos con el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que una eventual inhabilitación comprometería directamente su liquidez y capacidad de pago frente a un crédito bancario.


Para respaldar su solicitud de financiamiento por 4 mil 200 millones de pesos ante Bancomext, Broxel presentó un documento con una proyección de negocios gubernamentales estimada en 32 mil 296 millones de pesos, desglosada por institución, producto, monto, fecha estimada y probabilidad de éxito —abarcando vales de despensa, tarjetas de combustible y programas de lealtad—. Sin embargo, el listado carece de distinción entre contratos vigentes y prospecciones comerciales, además de omitir los ejercicios fiscales correspondientes.


Al contrastar dicha cartera con los fallos registrados en la plataforma Compras MX, se observa que uno de los rubros de mayor cuantía corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 10 mil 337 millones 990 mil 532 pesos en vales electrónicos de despensa, cifra que coincide con el monto máximo a dispersar de la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, adjudicada a Broxel el 8 de diciembre de 2025 para atender a 206 entes federales, cuyo fallo fija un pago máximo de 9 mil 751 millones de pesos tras aplicar el descuento ofertado.


En contraste, el resto de las proyecciones de mayor valor presentan inconsistencias o carecen de respaldo documental en los registros de compras públicas. Tal es el caso de una partida estimada en 3 mil 749 millones de pesos para vales de papel con el Gobierno de la Ciudad de México; si bien la compañía obtuvo el 4 de noviembre una licitación capitalina para vales de fin de año por hasta 4 mil 43 millones de pesos, las diferencias en el importe y el objeto contractual impiden confirmar que se trate de la misma operación.


De igual forma, la relación presentada ante Bancomext incluye 6 mil 602 millones de pesos para tarjetas de combustible de la SHCP y 3 mil 686 millones de pesos adicionales para el Gobierno capitalino, sin que hasta el momento existan adjudicaciones identificadas a favor de Broxel por dichas cantidades.


Asimismo, fuentes al interior del Congreso de la Unión, que prefieren guardar el anonimato, aseguran que un personaje central en la expansión y contratos de Broxel en entidades como el Estado de México, Oaxaca y el mismo INFONAVIT, es el actual Senador Alejandro Murat.

Adicionalmente, en el análisis financiero y contractual, el oficio 223/DGPCMC/352/2026 alerta sobre un posible conflicto de interés en la gestión del financiamiento. Según la documentación revisada por Buen Gobierno, el representante legal de Servicios Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, guarda parentesco por consanguinidad con Miguel Sergio Siliceo Valdespino, quien se desempeña como titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


La dependencia fiscalizadora precisó que el funcionario hacendario ocupó previamente el cargo de director general adjunto en el propio Bancomext —institución de la que mantiene una licencia sin goce de sueldo—, por lo que se presume que conserva un vínculo laboral vigente con la banca de desarrollo ante la cual se tramita el crédito millonario.

 
 
 

Comentarios


© 2017 Corruptómetro

​

bottom of page