Caso Grupo Herdez sigue abierto tras nuevas resoluciones contra Irene León

El conflicto judicial entre Grupo Herdez e Irene León Escamilla continúa en distintas instancias, con resoluciones que mantienen vigente el procedimiento penal por presunto fraude procesal. La reciente detención en Colombia del juez federal Luis Benítez Alcántara, señalado por autoridades estadounidenses en una investigación relacionada con extradición, abrió una nueva controversia alrededor del expediente, aunque su participación ocurrió después de varias determinaciones judiciales contra la abogada.

El origen del litigio se encuentra en una demanda laboral que Alfredo Jorge Colín Huerta presentó contra Grupo Herdez para reclamar derechos como supuesto trabajador de la compañía. La investigación cuestiona la existencia de esa relación y señala que el procedimiento habría formado parte de un esquema para obtener recursos económicos mediante un juicio sustentado en información falsa.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figura una confesión escrita de Irene León, fechada el 11 de septiembre de 2025, en la que reconoció que Colín Huerta no trabajó para las empresas demandadas y que el litigio se promovió de manera fraudulenta. En el documento también señaló a su entonces jefe, Humberto Cavazos Chena, como la persona que daba instrucciones para preparar las acciones legales. A estos elementos se sumaron declaraciones del director de Administración de Recursos Humanos de Grupo Herdez y un informe del IMSS, que no encontró registros de la supuesta relación laboral.

Las primeras medidas judiciales contra León se remontan a diciembre de 2024, cuando el juez de control capitalino Júpiter López Ruiz dictó su vinculación a proceso y prisión preventiva. En marzo de 2025, el juez federal Juan José Hernández Leyva libró otra orden de aprehensión dentro de la causa penal 135/2025. Meses después, el 14 de agosto, la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con ponencia del magistrado Jesús Ubando López, confirmó la prisión preventiva. El amparo contra esa resolución concluyó por desistimiento el 9 de octubre, antes de que Benítez asumiera competencia sobre el asunto.

La disputa tomó otro rumbo en mayo de 2026, cuando el juez de control José Alfredo Sotelo Llamas decretó el sobreseimiento de la causa local y ordenó la libertad de Irene León, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desistiera de la acción penal. Grupo Herdez, como parte ofendida, impugnó la decisión. El mismo juzgador había rechazado el sobreseimiento el 17 de febrero, pero modificó su determinación tras el desistimiento ministerial del 19 de mayo.

El 14 de julio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió por unanimidad una suspensión para evitar que el desistimiento tuviera efectos. La resolución, respaldada por sus tres integrantes, también abordó recursos relacionados con la prescripción del delito y las órdenes de aprehensión. Nueve días después, el juez Decimocuarto de Distrito, Erik Zabalgoitia Novales, consideró justificado que el centro penitenciario no liberara a la abogada mientras permaneciera vigente la medida judicial.

La intervención de Luis Benítez Alcántara ocurrió el 29 de julio, cuando determinó que el desistimiento de la Fiscalía capitalina, el sobreseimiento y la orden de libertad no podían producir efectos jurídicos, debido a que esa autoridad carecía de competencia para disponer del procedimiento. Sin embargo, el caso volvió al Cuarto Tribunal Colegiado el 16 de octubre, cuando sus tres magistrados concedieron otra suspensión por unanimidad para impedir que el desistimiento surtiera efectos y ordenar la continuación del proceso.

En otra vertiente del expediente, el 14 de julio de 2026 el mismo tribunal negó por unanimidad un amparo promovido por Alfredo Jorge Colín Huerta contra una orden de aprehensión. La sentencia examinó elementos relacionados con la inexistencia del vínculo laboral, entre ellos la información aportada por Grupo Herdez y la respuesta del IMSS. Por su parte, la Fiscalía General de la República formuló una acusación contra Irene León, cuya defensa recibió la notificación el 23 de septiembre.

El procedimiento penal se encuentra en etapa intermedia, durante la cual las partes deberán presentar y discutir las pruebas que podrían llegar a un juicio oral. La detención de Benítez Alcántara en Colombia responde a una investigación estadounidense vinculada con un procedimiento de extradición distinto al litigio de Grupo Herdez. Su participación en la causa contra León comenzó en mayo de 2026, mientras que las órdenes de aprehensión, la prisión preventiva y las suspensiones que mantienen abierto el expediente corresponden a determinaciones de diferentes autoridades judiciales.