Feminicidios en Durango: un problema en aumento y sin respuestas efectivas

Karla Nallely desapareció en el fraccionamiento Río Dorado y, tras cuatro días de incertidumbre, su cuerpo fue hallado mutilado en distintos puntos de la ciudad. Su caso es solo uno de los 14 feminicidios registrados en 2024 y parte de las 2,347 denuncias por violencia familiar recibidas en el primer trimestre del año, según datos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

A pesar de la implementación del “Programa Integral Contra la Violencia de Género” por parte del gobierno de Esteban Villegas en 2023, un análisis del Observatorio Ciudadano de Durango revela que solo el 12% del presupuesto asignado a este programa fue ejercido en 2024. Además, tres de cada diez municipios carecen de refugios para víctimas y el Banco Estatal de Datos sobre Violencia lleva ocho meses sin actualizarse.

Colectivos feministas señalaron una falta de voluntad política para atender la crisis de violencia de género. Mientras el gobierno destina recursos a campañas de imagen, las instituciones encargadas de seguridad y justicia para las mujeres siguen siendo deficientes y burocráticas.

Las cifras muestran una tasa de feminicidios con un incremento del 18% en comparación con 2021. Además, el tiempo promedio para iniciar una carpeta de investigación ha pasado de 14 a 29 días, lo que retrasa la búsqueda de justicia para las víctimas. La situación es aún más preocupante si se considera que Durango cuenta con una Alerta de Violencia de Género en 16 municipios, pero solo ha cumplido con una de las 33 observaciones establecidas para su atención.

El pasado 8 de marzo, miles de mujeres marcharon en Durango para exigir justicia por feminicidios como los de Eva Liliana Montelongo Hernández e Ixchel Yadira Leyva Fernández. Durante la manifestación, se recordó que la violencia de género sigue presente en el estado y que las políticas actuales han resultado insuficientes.

El 25 de julio de 2024, el gobernador Esteban Villegas pidió en medios de comunicación que “no se les ocurra tocar a una mujer” y aseguró que su administración combatiría los feminicidios. Ocho meses después, se han reportado 12 feminicidios y más de 5 mil denuncias por violencia familiar, mientras que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres emitió un extrañamiento al gobierno estatal por el incumplimiento del 82% de sus resoluciones en la materia.

En Durango capital, el problema es aún más grave. El 61% de los casos de violencia de género ocurren en este municipio, y el Instituto Municipal de la Mujer ha minimizado la crisis, considerándola “un delito común”. En 2024, la violencia familiar fue el delito más denunciado en la ciudad, alcanzando cifras históricas.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública indica que el 98% de los delitos sexuales no se denuncian, y la activista Julieta Hernández Camargo, fundadora de la asociación “Sí hay mujeres en Durango”, ha señalado que el estado se encuentra entre los cinco con menor acceso a la justicia para las mujeres.

Este contexto de impunidad y negligencia ha llamado la atención a nivel internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer visitó Durango en 2023 y concluyó que el estado presenta “patrones alarmantes de impunidad estructural”, una afirmación respaldada por Amnistía Internacional, que ubica a Durango entre los cinco estados con menor acceso a la justicia para víctimas de violencia de género.

Ante la falta de acción por parte del gobierno estatal y municipal, colectivos como “Ni Una Más Durango” han presentado un plan de 32 acciones concretas para combatir la crisis. Entre sus propuestas se encuentran la creación de juzgados especializados en violencia de género, mecanismos de protección para defensoras de derechos humanos y un sistema unificado de seguimiento a órdenes de restricción. Sin embargo, hasta el momento, no hay señales de que el gobierno estatal o la alcaldía de Durango vayan a implementar medidas efectivas en el corto plazo.