Empresarios cuestionan presión fiscal mientras Samuel García presume inversión

La política de atracción de capitales que difunde el gobierno de Nuevo León mantiene un contraste con los cuestionamientos del sector privado sobre las prácticas de fiscalización estatal. El gobernador Samuel García sostiene un discurso de fortaleza económica basado en la llegada de capital extranjero. De hecho, el mandatario estatal aseguró que durante su administración la inversión extranjera directa alcanzó los 135 mil 300 millones de dólares y previó que la cifra ascenderá a 150 mil millones de dólares en octubre.

Por su parte, los datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras muestran un escenario distinto. La Secretaría de Economía federal, encabezada por Marcelo Ebrard, reportó 16 mil 424.2 millones de dólares de inversión extranjera directa para Nuevo León hasta el primer trimestre de 2026. Esta cifra representa una diferencia significativa frente al monto acumulado que reporta la administración estatal.

La diferencia entre ambas cifras responde, entre otros factores, a que el gobierno de Nuevo León utiliza una metodología más amplia para contabilizar la inversión. En sus indicadores incorpora anuncios de inversión realizados antes del inicio de la actual administración, operaciones corporativas que implican cambios de propietario entre empresas y proyectos que todavía no se han concretado en los términos anunciados.

Entre los casos señalados se encuentra Brembo, cuya llegada a Nuevo León ocurrió desde 2014. También aparece la operación corporativa de Bosch con Johnson Controls, además del proyecto de Lingong Machinery Group, que contempla una inversión anunciada de 5 mil millones de dólares y la participación de alrededor de 120 empresas chinas, pero que hasta ahora no se ha materializado en los términos originalmente planteados.

La diferencia entre las cifras de inversión adquiere relevancia en un contexto de presiones financieras para Nuevo León. El estado mantiene compromisos multimillonarios y proyectos de infraestructura cuyas obras han enfrentado distintos obstáculos. En este escenario, fortalecer los ingresos propios representa un elemento relevante para las finanzas de la administración estatal y coloca la política recaudatoria bajo una mayor atención.

Empresarios afectados cuestionan, en este contexto, las prácticas de fiscalización de diversas dependencias estatales. Según sus testimonios, algunas compañías han recibido determinaciones fiscales por montos que consideran desproporcionados y establecidos bajo criterios cuestionables. Una vez notificado el crédito fiscal, los afectados señalan que puede plantearse una reducción significativa del monto a cambio de realizar el pago y cerrar el expediente administrativo.

Los cuestionamientos también alcanzan al Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León (SATNL), donde empresarios señalan la reaparición de requerimientos anticipados, procedimientos de embargo y medidas de exhibición pública contra compañías. Para el sector privado, estas prácticas pueden afectar la percepción sobre la relación con el gobierno estatal y generar dudas sobre el clima de negocios. En una economía como la de Nuevo León, cuya capacidad para atraer y retener capital privado representa uno de sus principales activos, el deterioro de la confianza empresarial podría tener consecuencias a largo plazo.

De este modo, los contribuyentes enfrentan la disyuntiva de cubrir determinaciones que consideran injustificadas o iniciar procesos legales que pueden prolongarse durante años y representar costos económicos y administrativos importantes. La discusión de fondo en la entidad no se limita al rigor de las auditorías, sino a determinar si el uso de las facultades fiscales y administrativas contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas o si la forma en que se aplican está deteriorando la relación entre el gobierno estatal y el sector empresarial.