Cuestionan falta de transparencia en plan estatal de reforestación en Nuevo León

El programa "Bosques Ciudadanos", iniciativa de reforestación impulsada por el Gobierno de Nuevo León y operada por la organización civil Reforestación Extrema, ha sido blanco de críticas por la opacidad en el manejo de más de 270 millones de pesos provenientes de aportaciones privadas, así como por posibles irregularidades en su implementación.

De acuerdo con investigaciones publicados por el diario Reforma (El Norte), los señalamientos giran en torno a la asignación directa del proyecto a Reforestación Extrema, sin procesos de licitación ni mecanismos efectivos de fiscalización. El convenio fue firmado en marzo de 2023 por Félix Arratia, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal y actual alcalde de Juárez por el partido Movimiento Ciudadano.

Este acuerdo permite que las contribuciones económicas realizadas por empresas y ciudadanos, como medida compensatoria por su impacto ambiental, sean entregadas directamente a la asociación dirigida por Cosijoopii Montero, sin que los recursos pasen por el erario ni estén sujetos a control público.

El gobernador Samuel García declaró que durante los primeros tres años de su gestión se sembraron más de 650 mil árboles, con un presupuesto superior a los 300 millones de pesos. Sin embargo, la última cifra oficial disponible hasta junio de 2024 reporta apenas 5 mil 176 árboles plantados, lo que genera cuestionamientos sobre la veracidad de los datos presentados por el Ejecutivo.

Además, Reforma documenta que aproximadamente un tercio del gasto ejercido hasta ahora se ha dirigido a empresas con vínculos familiares con funcionarios estatales, como Viveros Regionales y Arbolmax, cuyos propietarios están relacionados con Érik Cavazos Cavazos, actual director de Protección Civil del estado.

Especialistas y defensores del medio ambiente señalan que el diseño del programa permite un uso discrecional de los recursos al excluir al gobierno del manejo directo del dinero, lo cual debilita los controles institucionales. Un biólogo consultado por el medio afirmó que se privilegió a Reforestación Extrema sin contar con la capacidad técnica necesaria ni realizar concursos públicos, en contravención de los estándares mínimos de transparencia en políticas ambientales.

Tanto el Gobierno estatal como la asociación civil omitieron publicar los informes trimestrales del programa, a pesar de solicitudes realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. La falta de respuesta ha incrementado el escepticismo sobre la eficacia del programa y el destino final de los fondos recaudados.