Contraloría del Edomex abre revisión por licitación del ISSEMYM cuestionada por costos

La admisión a trámite de una inconformidad por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México abrió la revisión del proceso de contratación del Servicio Integral de Laboratorio Clínico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) para el ejercicio 2026, en un contexto de señalamientos sobre transparencia y costos en las compras del organismo.

Bajo el expediente IC/002/2026, el recurso fue interpuesto por la empresa Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V., en contra de la licitación pública nacional presencial LPN/ISSEMYM/073/2025, relativa a un contrato abierto para la prestación de servicios de laboratorio clínico.

De acuerdo con el acuerdo emitido por la autoridad y notificado el pasado 16 de enero, la Contraloría instruyó la apertura formal del expediente y la práctica de las diligencias necesarias para analizar el procedimiento de contratación realizado por el ISSEMYM, encabezado por Ignacio Salgado.

Como parte de esa determinación, la autoridad requirió al ISSEMYM la presentación de un informe circunstanciado sobre el origen y la naturaleza de los recursos utilizados en la licitación, así como la entrega de copias certificadas de toda la documentación del procedimiento, incluidas las bases, juntas de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas, dictamen y fallo de adjudicación.

Este proceso de revisión ocurre en un escenario en el que el Instituto ha sido señalado por presuntas prácticas poco claras en sus procesos de compra, situación que incluso ha sido mencionada con anterioridad en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En antecedentes del caso, el 22 de abril de 2025 la Secretaría de la Contraloría del Estado de México declaró la nulidad de un contrato de servicios de laboratorio clínico otorgado a Instrumentos y Equipos Falcón y Arquina, correspondiente a la atención en 22 hospitales del Instituto, y ordenó la reposición del procedimiento de contratación.

A pesar de esa resolución y de la instrucción presidencial emitida en agosto de 2025 para revisar este tipo de contratos, el Comité de Adquisiciones no acató las determinaciones, lo que dio lugar a la presentación de nuevos recursos y a la apertura de investigaciones administrativas y penales que permanecen en curso.

En el caso actual, los señalamientos se centran en presuntos sobreprecios que, según información del sector, podrían alcanzar hasta 80 millones de pesos; no obstante, la Contraloría aclaró que la admisión del recurso no implica la suspensión de oficio de la licitación, por lo que el procedimiento administrativo continúa.

Para las empresas participantes, la aceptación del recurso constituye un paso relevante para que se revisen las condiciones en las que se desarrolla el proceso de contratación, y se inscribe en la política del gobierno federal orientada a fortalecer la transparencia y la legalidad en las compras públicas.