Ana María Castro Fernández bajo investigación por corrupción y desvío de recursos en Tultitlán

El gobierno municipal de Tultitlán, encabezado por Ana María Castro Fernández, enfrenta una serie de señalamientos por presuntas prácticas de corrupción, desvío de recursos y extorsión sistemática contra empresarios locales, en una red que involucraría a funcionarios cercanos y familiares de la alcaldesa.

Aunque el municipio forma parte de la Alerta de Violencia de Género desde 2015 y aparece en la lista de las 50 demarcaciones prioritarias en materia de seguridad del gobierno estatal, Tultitlán no fue incluido en la “Operación Liberación”, el mayor despliegue federal contra la extorsión realizado en julio de 2023 en el Estado de México.

Empresarios de la zona han acusado al Ayuntamiento de ejercer presión mediante inspecciones administrativas que derivan en cierres arbitrarios de negocios. Según los testimonios recabados, los afectados reciben propuestas de “reuniones fuera de oficina” con el coordinador general de la Oficina de Presidencia, Erick Isachar Vega Chavarría, para negociar reaperturas a cambio de pagos irregulares. Las denuncias apuntan a que estas prácticas se realizan con conocimiento de la presidenta municipal.

Excolaboradores del gobierno local también han expuesto una estructura de poder concentrada en un círculo familiar. Ana María Castro es cuñada de la expresidenta Elena García Martínez, y su esposo, José Alfredo Contreras Suárez, ocupa el cargo de secretario del Ayuntamiento. La relación entre los tres refuerza las críticas por presunto nepotismo y decisiones cerradas al escrutinio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México confirmó que mantiene abiertas investigaciones contra Ana María Castro y Elena García por presunto desvío de recursos, irregularidades en contrataciones públicas y anomalías en obras durante sus administraciones. Las indagatorias incluyen la posible creación de empresas fachada y el uso indebido de programas sociales.

Hasta ahora no existe una intervención oficial en el municipio, pero fuentes cercanas a los gabinetes de seguridad estatal y federal señalaron que la situación de Tultitlán permanece bajo vigilancia, en medio de una creciente exigencia ciudadana para detener los abusos y garantizar el respeto al estado de derecho.