Adjudicación de limpieza en el IPN desata cuestionamientos a secretario

La cercanía atribuida a Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con proveedores señalados como el “Cártel de la Limpieza” detonó sospechas después de la asignación a Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V. de un contrato plurianual por más de 2 mil 500 millones de pesos para el servicio integral de limpieza del IPN, hecho que encendió alertas internas.

El funcionario habría favorecido a empresas ligadas al grupo encabezado por José Juan Reyes en adjudicaciones previas; la reciente decisión reforzó esas inquietudes, según versiones internas. El fallo del proceso IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025 se publicó el 21 de mayo y se formalizó al día siguiente, pero quedó a revisión por la inconformidad PI/03/2025.

Aunque el Órgano Interno de Control ordenó la suspensión de oficio del procedimiento, la Secretaría de Administración continuó con la formalización del instrumento jurídico, al dejar de lado la recomendación del titular del OIC en el IPN.

El contrato con Retimar, de carácter abierto y multianual, prevé suministro de personal, insumos y equipo para las dependencias del Politécnico durante los ejercicios fiscales 2025, 2026, 2027 y 2028.

El historial de Tapia Santoyo incluye una denuncia de Tojil ante la FGR por presuntas irregularidades en contrataciones cuando estuvo en el ISSSTE.

De esa investigación se desprende que en 2018 adjudicó de manera directa cuatro contratos por más de seis millones de pesos a Interacción Biomédica, empresa declarada fantasma por el SAT un año antes, cuando él figuraba como codirector; Tojil lo ubicó como pieza central de una red (2012–2019) que obtuvo 3 mil 390 millones de pesos mediante 84 empresas, varias catalogadas como fantasma.

El nombre del funcionario también comenzó a circular en el escenario político de Guerrero: diversas versiones lo ubican como aspirante a la gubernatura por Morena, con presuntos vínculos con Armando Ríos Piter, “El Jaguar”.

Ante estos antecedentes, se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes, para revisar la situación patrimonial de Tapia Santoyo y esclarecer posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos.