Acusan irregularidades financieras y venta de activos en empresa Congesa

Durante años, un presunto esquema fraudulento habría impactado a cerca de cien accionistas de Corredor Nueva Generación (Congesa), denunciaron socios de la empresa que opera el Corredor Circuito Interior de la Ciudad de México, muchos de ellos adultos mayores que invirtieron su patrimonio.

Los socios inconformes responsabilizan a José García Lagunas, identificado como presidente del Consejo de Administración, de decisiones que presuntamente generaron pérdidas económicas, desaparición de utilidades y un deterioro financiero que mantiene a numerosos accionistas sin ingresos ni acceso claro a información corporativa.

Según información difundida por El Financiero, los denunciantes sostienen que la empresa dejó de repartir ganancias pese a mantener operaciones activas en una de las rutas más relevantes de la capital. Además, acusaron a la administración de ocultar información financiera y ejecutar movimientos patrimoniales sin autorización de la asamblea.

Entre las principales denuncias aparece la presunta venta irregular de autobuses propiedad de Congesa. Los socios aseguran que las unidades fueron comercializadas sin consultar a los accionistas y sin transparentar el destino del dinero obtenido. También señalaron un supuesto intento de vender un inmueble perteneciente a la empresa.

Los inconformes denunciaron además la circulación de unidades sin permisos adecuados dentro del Corredor Circuito Interior, vialidad que conecta puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tacubaya, La Raza y Juanacatlán. Consideran que estas acciones podrían derivar en consecuencias legales y administrativas.

El Financiero reportó que aproximadamente el 80 por ciento de los socios corresponde a personas adultas mayores que utilizaron recursos de toda una vida laboral para adquirir acciones de la concesionaria. Muchos dependían de las utilidades como parte de su sustento y actualmente atraviesan dificultades económicas.

Durante años, afirmaron los afectados, solicitaron auditorías, informes financieros y mecanismos de rendición de cuentas sin obtener respuestas satisfactorias. También acusaron que la administración concentró el control de la información y limitó la participación de los accionistas en decisiones importantes.

Los socios señalaron igualmente que acudieron a distintas instancias para exponer el caso, aunque hasta ahora no han encontrado una solución definitiva, situación que incrementó el malestar entre quienes afirman haber perdido gran parte de su patrimonio.

Ante el conflicto, los inconformes advirtieron sobre la posibilidad de realizar movilizaciones y bloqueos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir la intervención de las autoridades y visibilizar sus denuncias.

Los accionistas afectados solicitaron la intervención de autoridades locales y federales para investigar la actuación de los directivos, esclarecer el destino de los bienes de la empresa y determinar si existieron posibles delitos patrimoniales o administración fraudulenta. También pidieron mecanismos que permitan recuperar los recursos que consideran perdidos.

La situación abrió cuestionamientos sobre la supervisión de las empresas concesionarias de transporte público en la Ciudad de México, particularmente aquellas conformadas por pequeños inversionistas y operadores que apostaron su patrimonio en proyectos ligados al servicio público.

Mientras el caso continúa avanzando públicamente, los socios mantienen su exigencia de justicia y transparencia. Los denunciantes sostienen que el conflicto podría convertirse en uno de los episodios más delicados dentro del sistema de transporte concesionado capitalino si se confirman las acusaciones difundidas en distintos medios.