Órgano de Administración Judicial aprueba compra de 571 vehículos por 252 millones de pesos

El Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por Néstor Vargas Solano, autorizó la adquisición de 571 vehículos por un monto total de 252 millones de pesos mediante un esquema de adjudicación directa. La información pública disponible no incluye un diagnóstico del parque vehicular ni un estudio de mercado que justifique la ausencia de una licitación. En los registros oficiales del Gobierno federal tampoco figura la identidad del proveedor contratado.

En un boletín difundido el 23 de enero, el Pleno del OAJ sostuvo que la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación responde a fallas constantes en las unidades asignadas. Sin embargo, el comunicado carece de dictámenes técnicos, análisis presupuestales, evaluaciones operativas o estudios de seguridad que respalden la decisión administrativa.

Versiones internas del propio órgano administrativo señalan que el contrato benefició a la empresa Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos. De acuerdo con esa información, la compañía recibió los 252 millones de pesos para el suministro de vehículos destinados a personal directivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De las 571 unidades adquiridas, 124 corresponden a modelos híbridos y eléctricos. No obstante, el Órgano de Administración Judicial no presentó estimaciones sobre el consumo eléctrico ni sobre los costos de operación. A ello se suma la falta de infraestructura para la instalación de cargadores, situación que, según un trabajador de la dependencia, permanece sin resolverse.

Jet Van Car registra antecedentes en la contratación pública desde administraciones vinculadas al panismo y consolidó su presencia en el mercado gubernamental durante el sexenio de Felipe Calderón. Entre 2010 y 2026, la empresa obtuvo 825 contratos federales por un monto superior a 19 mil 384 millones de pesos, conforme a datos del sistema Compras MX.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la compañía enfrentó una inhabilitación por incumplimientos contractuales. Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades de alto impacto económico en sus operaciones y notificó al Servicio de Administración Tributaria para la revisión de posibles faltas fiscales.