Tultitlán, entre la inseguridad y los escándalos por presunto desvío de recursos

Las víctimas de la violencia aumentaron este fin de semana en Tultitlán, en un contexto de inseguridad que se ha mantenido desde enero. Robos, secuestros, extorsiones y asaltos conforman una lista de delitos que han marcado la gestión de Ana María Castro Fernández.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que las lesiones superan los mil casos de enero a agosto. La mayoría de los ataques involucran armas de fuego o blancas, lo que refleja un incremento sostenido desde el inicio del año.

Los 672 robos de vehículos, motocicletas y autopartes denunciados, junto con los 102 asaltos a transportistas, consolidan al robo como el delito más recurrente. La violencia en las calles y carreteras del municipio ha afectado la movilidad y las actividades diarias.

El comercio local también ha resentido el problema. De acuerdo con registros oficiales, los pequeños negocios, los pasajeros y los peatones sufrieron más de 300 robos en la vía pública, 101 en el transporte público y más de 500 en establecimientos durante los primeros ocho meses del año.

En el ámbito político-administrativo, las adjudicaciones directas por 72 millones de pesos otorgadas por el gobierno municipal encendieron alertas sobre presunta corrupción y nepotismo. Reportes periodísticos detallan que varias de esas licitaciones fueron realizadas con un solo competidor.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México mantiene abierta la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02. En ella se investiga a la alcaldesa y a su cuñada, la diputada Elena García Martínez, por un presunto desvío de 38.5 millones de pesos a una asociación civil para la compra irregular de 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan.

El conflicto en la colonia Fimesa refleja el descontento ciudadano. Sus habitantes aseguran haber pagado 5 millones de pesos adicionales al Fondo Nacional de Habitaciones Populares sin recibir la regularización prometida, lo que derivó en bloqueos y protestas tras la imposición del nombre “Cuarta Transformación”.

Para diversos sectores políticos y empresariales, la presencia de tres familiares de la alcaldesa en el Ayuntamiento y la intervención de Elena García en su candidatura confirman una red de poder local. Dicho entramado, afirman, opera mientras la violencia y la desconfianza social aumentan.