Se reabre debate sobre protocolos de seguridad tras accidente mortal en pedrera de Escobedo

Las inspecciones y mecanismos de supervisión aplicados a las empresas del sector extractivo volvieron a ser objeto de cuestionamientos tras el fallecimiento de un trabajador de Triturados Industriales Monterrey, quien sufrió un accidente laboral la mañana del 30 de julio mientras realizaba labores de mantenimiento en la empresa ubicada sobre la Carretera a las Pedreras, Ramal Izquierdo, en Escobedo. De acuerdo con reportes publicados por diversos medios y testimonios de empleados, el trabajador cayó de una estructura de aproximadamente 15 metros de altura, sufrió lesiones graves y posteriormente murió en un hospital.

Trabajadores que solicitaron permanecer en el anonimato señalaron que la víctima presentó un presunto traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. También afirmaron que presuntamente no utilizaba equipo de protección personal y que existirían indicios de que no estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los testimonios agregan que, al momento de solicitar apoyo, inicialmente se habría informado a los cuerpos de emergencia que el accidente ocurrió fuera de las instalaciones de la empresa e incluso se les indicó otro punto como lugar de los hechos, lo que presuntamente dificultó la atención y la verificación del incidente. Según los reportes, al sitio acudieron una ambulancia de la Cruz Roja y la unidad 1007 de Proxpol Escobedo. Uno de los trabajadores consultados aseguró que el lesionado no fue trasladado de inmediato a un hospital y atribuyó ese retraso al desenlace fatal.

Hasta ahora, Triturados Industriales Monterrey no ha emitido un posicionamiento público sobre el accidente. Tampoco se ha informado oficialmente si autoridades laborales o ministeriales iniciaron investigaciones para determinar las causas de los hechos y revisar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.

El accidente ocurre en un contexto en el que la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, encabezada por Raúl Lozano Caballero, ha intensificado inspecciones y clausuras contra diversas empresas del sector extractivo. Uno de los casos más conocidos fue el de Matrimar, que denunció presuntos actos de extorsión relacionados con auditorías, cierres operativos y el denominado Impuesto Verde, situación que motivó al Congreso local a solicitar que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación.

En paralelo, el caso volvió a poner atención sobre otros accidentes registrados en empresas trituradoras. Investigaciones periodísticas documentan diversos hechos mortales desde 2017, entre ellos el fallecimiento de un trabajador sepultado en una pedrera de Escobedo y el derrumbe ocurrido el 18 de junio en Triturados GEMSA, donde perdió la vida Dagoberto Rodríguez Escalona tras quedar sepultado por un deslave.

Respecto a GEMSA, familiares de la víctima denunciaron públicamente que inicialmente se les negó que el trabajador permaneciera dentro de las instalaciones y cuestionaron la respuesta de la empresa durante las labores de búsqueda y rescate. Aunque ambos expedientes corresponden a hechos distintos, las denuncias han generado cuestionamientos sobre los protocolos de atención a emergencias y el seguimiento por parte de las autoridades responsables de la supervisión laboral y de protección civil.

En ese contexto, el accidente registrado en Triturados Industriales Monterrey también plantea interrogantes sobre si los mecanismos de inspección y las sanciones se aplican con los mismos criterios para todas las empresas del sector, así como sobre las acciones que han emprendido las autoridades competentes tras este nuevo hecho.