Protestas en Jalisco contra el aumento al transporte y el esquema de pago operado por Broxel

La decisión del gobierno de Jalisco de elevar la tarifa del transporte público y de condicionar el acceso al subsidio al uso de la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, operada por Servicios Broxel, mantiene un clima de inconformidad social en la entidad. Durante el fin de semana, ciudadanos realizaron una nueva protesta en el centro de Guadalajara para exigir la cancelación del ajuste al pasaje, que subirá de 9.50 a 14 pesos.

La movilización representó la séptima manifestación registrada en enero contra el llamado “tarifazo”, cuya entrada en vigor se prevé para abril. A lo largo del recorrido, los participantes difundieron información sobre el nuevo modelo de cobro y advirtieron sobre las implicaciones de entregar datos personales y biométricos para acceder a la tarifa preferencial.

Los inconformes cuestionaron que el subsidio al transporte quede sujeto al registro en un sistema administrado por una empresa privada. “Nos están obligando a aceptar una tarjeta privada para poder pagar menos, cuando el transporte es un servicio público”, expresó uno de los manifestantes. Otros asistentes señalaron que la aceptación forzada de términos y condiciones limita el derecho al apoyo tarifario.

El aumento, equivalente a 47%, fue oficializado el 27 de diciembre mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. El esquema establece un pago de 14 pesos para quienes cubran el pasaje en efectivo, mientras que la tarifa de 11 pesos solo aplicará a usuarios inscritos en la Tarjeta Única. En el caso de estudiantes, el costo será de 5 pesos, también sujeto al mismo registro.

Servicios Broxel opera como Sociedad Financiera Popular (Sofipo). En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la sancionó por incumplimientos en las normas de prevención de lavado de dinero. A pesar de ese antecedente, el gobierno estatal le adjudicó un contrato con vigencia hasta 2030 que contempla un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa, con un máximo de cinco millones de plásticos, lo que podría traducirse en más de 300 millones de pesos anuales de recursos públicos.

El contrato obliga además al gobierno de Jalisco a cubrir al menos 40% del total de tarjetas, aun cuando no se utilicen, lo que asegura a la empresa ingresos mínimos cercanos a 11 millones de pesos mensuales. El esquema también prevé cobros a los usuarios por reposición de tarjetas, transferencias y aclaraciones.

El rechazo ciudadano también avanzó por la vía legal. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco puso en operación la plataforma “¡Fírmale!” para impulsar un referéndum contra el aumento a la tarifa. Hasta el 22 de enero, el sistema acumuló más de 14 mil 600 firmas digitales, cifra que supera en más de 300% el umbral requerido, además de miles de apoyos en formato físico presentados ante el propio organismo.

Organizaciones civiles y activistas advirtieron que el impacto del incremento afectará de forma directa a los sectores de menores ingresos y a las zonas periféricas, donde los traslados cotidianos requieren el uso de dos o más unidades de transporte.

Los convocantes a las protestas señalaron que mantendrán las movilizaciones y que recurrirán a nuevas acciones legales para frenar tanto el aumento tarifario como el esquema que condiciona el subsidio público a la entrega de datos personales de millones de usuarios a una empresa privada.