Herederos de exdueño de Grupo Radio Centro pierden disputa por herencia y llevan caso a lo penal contra la viuda

En una resolución que puso fin a seis años de litigio sucesorio, los tribunales de la Ciudad de México dictaron el pasado 27 de marzo de 2026 una sentencia definitiva en la que se desestimaron por segunda ocasión los intentos de Juan Carlos, Alejandra y Sofía Aguirre Corcuera por impugnar la voluntad de su padre. En el mismo fallo se ratificó a Rosa María Rubio Zepeda como heredera universal de Carlos de Jesús Aguirre Gómez, exdueño de Grupo Radio Centro.

Solo cuatro días después de esta resolución, el 31 de marzo, Rubio Zepeda fue detenida en Miami, Florida, por motivos migratorios. De acuerdo con fuentes, existe una orden de aprehensión por secuestro agravado emitida en diciembre de 2024 por un juez de control de la Ciudad de México, lo que ha sido señalado como una reacción posterior al fallo judicial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que la viuda “privó de su libertad” al empresario durante nueve años para forzar la modificación de su testamento. No obstante, documentos financieros y registros fotográficos obtenidos por este medio muestran que tanto el flujo de recursos como la convivencia social del empresario continuaron durante ese periodo.

Mientras el empresario se rehabilitaba de un derrame en septiembre de 2017 en Chicago, los registros de su tarjeta Centurion evidencian cargos realizados por Juan Carlos y Alejandra Aguirre Corcuera. Estos movimientos corresponden al periodo en que la fiscalía ubica el supuesto aislamiento del exdueño de Grupo Radio Centro.

Los estados de cuenta de American Express detallan transacciones efectuadas en establecimientos como Nordstrom, Sephora y diversos restaurantes de Chicago, vinculadas a las extensiones utilizadas por los denunciantes. Dichos movimientos financieros ocurrieron de forma simultánea al periodo señalado por la fiscalía.

A estos registros se suman evidencias fotográficas que documentan la convivencia entre el empresario y sus hijos en centros como Shirley Ryan Rehabilitation Lab y Cleveland Clinic durante 2017. También se incluyen imágenes de actividades recreativas de los hijos en la ciudad de Chicago en las mismas fechas.

Una fotografía fechada en noviembre de 2018 muestra una visita familiar en la que el empresario aparece conviviendo con sus hijas y nietas. Asimismo, la carpeta incluye la declaración ministerial de Sofía Aguirre Corcuera, quien afirmó haber visto a su padre “sano y bien de salud” el 12 de septiembre de 2020, un día antes de su fallecimiento.

Junto con este testimonio, la defensa incorpora transferencias bancarias realizadas por Aguirre Gómez para cubrir gastos personales y médicos de sus hijos. Estos elementos forman parte de la estrategia para contrastar la acusación de privación ilegal de la libertad.

Frente a versiones que mencionan un presunto homicidio, el acta de defunción confirma que el fallecimiento ocurrió por causas naturales. El documento médico precisa que se trató de un infarto agudo al miocardio no traumático, derivado de cáncer de pulmón y una cardiopatía valvular con siete años de evolución.

Tres meses después del fallecimiento del empresario, en diciembre de 2020, fue presentada la denuncia por secuestro agravado, lo que coincidió con la apertura del proceso sucesorio. Esta temporalidad se da tras hacerse pública la disposición testamentaria que designaba a Rosa María Rubio Zepeda como heredera universal.

La defensa señala que la ejecución de la orden de aprehensión en Estados Unidos, días después de la confirmación judicial del testamento, se relaciona con la disputa patrimonial entre las partes. Según los abogados, el expediente penal se sustenta principalmente en testimonios de herederos con interés económico directo.

Al no existir solicitudes de rescate, amenazas ni privación en lugares clandestinos, se indica que el uso de la vía federal constituye una estrategia de extorsión procesal. Este mecanismo, señalan, traslada al ámbito penal una disputa familiar que ya había sido resuelta en la vía civil.