Diputada exige revisión urgente a jueza tras excarcelación en caso de feminicidio

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y enfoque interseccional, fue presentado un Punto de Acuerdo por la diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy (MORENA) desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (San Lázaro), mediante el cual exhorta al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Fiscalía a revisar de manera urgente la actuación judicial en un caso de feminicidio.

El 23 de marzo de 2026, la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió un juicio de amparo ordenando el cese inmediato de la prisión preventiva, lo que derivó en la excarcelación de Mario Alberto “N”, quien había sido vinculado a proceso en 2023 por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo ocurrido en 2019.

Entre las posibles irregularidades graves señaladas en el documento presentado en San Lázaro se encuentran un conflicto de interés al conocer del asunto, la omisión de notificar a las víctimas indirectas y la falta de una valoración real del riesgo de fuga y de la seguridad de las víctimas, lo que resulta especialmente grave en un caso de violencia feminicida atribuido a la actuación de la jueza Amarande Riojas Orozco.

Sin analizar el contexto de violencia, los antecedentes entre víctima e imputado ni los factores de riesgo que, conforme a estándares nacionales e internacionales, deben considerarse en este tipo de casos, la resolución fue emitida sin una incorporación efectiva de la perspectiva de género, según se advierte.

Como una vulneración al derecho de las víctimas indirectas a participar en el proceso y acceder a la justicia en condiciones de igualdad, se señala la omisión de notificarles, la cual no constituye una simple irregularidad procesal, sino una forma de violencia institucional, de acuerdo con el documento.

El 9 de abril de 2026, durante una manifestación frente a juzgados federales, se registraron hechos de intimidación en contra de colectivas feministas y familiares de la víctima, situación que agrava el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas indirectas.

Para garantizar la imparcialidad del proceso, se exhorta al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar de manera inmediata la queja presentada contra la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, así como a valorar su suspensión provisional y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

A fin de evitar cualquier forma de revictimización, también se solicita a la Fiscalía dar seguimiento puntual al caso, interponer todos los recursos legales necesarios para combatir la excarcelación del imputado y garantizar la protección integral de las víctimas indirectas.

Que decisiones judiciales de esta naturaleza afectan la confianza ciudadana en el sistema de administración de justicia y envían un mensaje de permisividad frente a la violencia contra las mujeres fue advertido por la diputada Jiménez Godoy, quien señaló que no solo impactan un caso en particular y afirmó que “La justicia que no incorpora perspectiva de género no es justicia: es impunidad.”