CNBV pone bajo investigación a Protección Patrimonial por presuntas irregularidades

Protección Patrimonial Unión de Crédito, S.A. de C.V. atraviesa una crisis financiera e institucional que ya llegó a los tribunales, ante las investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las demandas de concurso mercantil y los adeudos con cerca de 250 acreedores.

La situación financiera de la institución sufrió un deterioro entre marzo y junio. En ese periodo, el nivel de morosidad pasó de 6.7 a 25.6%, mientras que el índice de capitalización (ICAP) descendió de 10.52 a 1.45%, cifra que se encuentra por debajo del mínimo regulatorio de 8%.

Los señalamientos sobre el origen de la crisis apuntan a la gestión de Carlos José Vélez Palomar, quien ocupó los cargos de director general y consejero de la institución. De acuerdo con las acusaciones, el exdirectivo habría otorgado préstamos de forma presuntamente fraudulenta para obtener un beneficio personal, lo que habría provocado un grave daño financiero a la unión de crédito y afectado a inversionistas que depositaron sus recursos en ella.

Tras el estallido del presunto megafraude, Vélez Palomar falleció en circunstancias que hasta ahora no han quedado del todo claras. El caso también podría alcanzar a integrantes de su familia y a otros directivos de Protección Patrimonial, debido a las responsabilidades que tenían dentro de la estructura corporativa de la institución.

Entre ellos se encuentra Carlos Vélez Suberbie, hijo del fallecido exdirector y consejero de Protección Patrimonial. Por la posición que ocupaba dentro del gobierno corporativo, los afectados consideran que difícilmente podría alegar desconocimiento sobre las operaciones bajo investigación. La viuda de Vélez Palomar, Lourdes Suberbie, y su hijo también podrían comparecer ante las autoridades judiciales.

Los afectados ya recurrieron a las autoridades para exigir el esclarecimiento de los hechos y la recuperación de sus recursos. Entre las acciones emprendidas se encuentran denuncias ante la Fiscalía y recursos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presidida por Óscar Rosado Jiménez.

Las exigencias también alcanzan al Consejo de Administración. Decenas de acreedores solicitan la salida de sus integrantes y señalan de manera particular a su presidente, Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos, así como al comisario Manuel Constantino Gutiérrez García. Ambos aparecen en actas del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía como socios de Vélez Palomar en Propatuc, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) constituida en 2009.

En paralelo, la CNBV efectuó visitas de investigación que derivaron en medidas correctivas contra Protección Patrimonial. Se prevé que personal del organismo regulador acuda a las próximas asambleas de socios para dar seguimiento al proceso de remoción de los consejeros, mientras los procedimientos judiciales avanzan para determinar las responsabilidades que correspondan.

Hasta ahora, no existe una determinación pública definitiva sobre la responsabilidad penal de García-Sabaté Palazuelos ni de los demás integrantes del Consejo de Administración. Los procesos ante tribunales y fiscalías deberán establecer quiénes podrían responder por el quebranto patrimonial que afecta a los acreedores de Protección Patrimonial.