Ciudadanos exigen reabrir investigación contra Sergio Montaño Fernández por corrupción en penales

Un grupo de ciudadanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que reabra la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, por presuntas irregularidades en la concesión de penales federales durante la administración de Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.

La demanda surge luego de que un tribunal federal cerrara el caso contra 16 exfuncionarios del sistema penitenciario debido a la prescripción de los delitos. Sin embargo, los denunciantes argumentan que el proceso contra García Luna sigue abierto y que es necesario indagar el papel de Montaño Fernández en la firma de contratos que provocaron un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de máxima seguridad.

Además, exigen que se esclarezca su posible participación en la red de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, quien fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

Según la denuncia, Montaño Fernández habría sido pieza clave en la adjudicación de contratos a empresas privadas. Los ciudadanos firmantes piden a la FGR que determine si aún existen delitos vigentes que permitan proceder penalmente y evitar que el caso quede impune.

Los contratos en cuestión fueron firmados en 2010 y 2011 con empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, por un monto cercano a los 270 mil millones de pesos, destinados a la construcción de infraestructura penitenciaria con capacidad para 20 mil reclusos.

Entre los exfuncionarios que quedaron exentos de responsabilidad tras la resolución judicial se encuentran el General Sergio Alberto Martínez Castuera, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.

También fueron exonerados Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, exdirectores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, además de los excoordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.

Asimismo, libraron la imputación Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor; Arturo Sosa Viderique, exdirector de Administración; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la SSP; Miguel Vital Hernández, director General Adjunto de la Dirección General de Administración; Alma Delia Sánchez Ocampo, ex directora de Adquisiciones; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo, y María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.

Durante 2010 y 2011, Montaño Fernández, Sosa Viderique y Villarreal Gutiérrez firmaron los contratos originales, mientras que el resto de los exfuncionarios fueron implicados por haber suscrito un total de 76 convenios modificatorios durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido ninguna postura oficial sobre la solicitud de reapertura del caso.