Aseguramientos en Ciudad Juárez abren investigación sobre posible distribución ilegal de diésel

Tres inmuebles asegurados y una toma clandestina de hidrocarburos forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer el funcionamiento de una presunta red dedicada al almacenamiento y distribución ilegal de diésel en Ciudad Juárez. Dentro de los elementos que han sido relacionados con el caso aparece LPE Transportes, empresa dedicada al transporte de personal.

La compañía, sin embargo, no ha sido declarada responsable de algún delito, ya que hasta el momento no existe una resolución judicial que determine su participación en actividades ilícitas.

En el cruce de Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna, frente a Riberas del Bravo, se encuentra uno de los predios asegurados. El inmueble quedó bajo vigilancia y resguardo de elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.

El 23 de julio de 2026 fueron difundidos reportes según los cuales en ese sitio se localizaron camiones utilizados para transporte de personal y estructuras que aparentemente habrían sido empleadas para despachar combustible. La posible relación de estos elementos con la investigación todavía deberá ser determinada por las autoridades a partir del análisis de la evidencia.

La investigación comenzó tras la localización de una toma clandestina en la zona de El Sauzal. Ese hallazgo llevó al aseguramiento de otros inmuebles y a las autoridades a buscar posibles conexiones entre los distintos sitios involucrados.

Las versiones periodísticas que se han difundido apuntan a que la presunta red habría tenido capacidad para movilizar cientos de miles de litros de combustible al año. No obstante, el volumen específico y el destino del diésel todavía requieren ser corroborados con documentación oficial y evidencia integrada a la investigación.

Precisamente, conocer la dimensión de la posible operación obliga a responder cómo habría sido obtenido el combustible y cuál habría sido el mecanismo empleado para almacenarlo, transportarlo y distribuirlo.

Entre los elementos que deberán revisarse para determinar esa trazabilidad están los documentos fiscales, registros de adquisición, movimientos financieros, bitácoras de los vehículos, permisos y cualquier otra documentación relacionada con el manejo del diésel. Asimismo, encontrar infraestructura para combustible no basta para determinar quién la utilizó ni con qué finalidad.

En paralelo, el crecimiento de la flota de LPE Transportes se ha convertido en otro de los elementos mencionados dentro del contexto del caso. En agosto de 2025, la empresa adquirió 28 autobuses modelo 2026, marca Internacional Zafiro GT, que cuentan con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.

La compra de las unidades refleja una ampliación de la capacidad operativa de LPE Transportes, aunque no demuestra que el dinero utilizado para adquirirlas procediera de actividades ilícitas. El origen de esos recursos tendría que establecerse mediante una investigación financiera, aspecto que hasta ahora no ha sido acreditado públicamente.

Por otra parte, el comportamiento del precio del diésel constituye un factor económico relevante para las compañías dedicadas al transporte. Durante 2026, operadores de Ciudad Juárez reportaron presión en sus costos debido al aumento del combustible, mientras que el diésel representa uno de los principales gastos para este sector.

En ese contexto, el uso de combustible de procedencia ilegal podría representar un incentivo económico para cualquier operador que recurriera a esa práctica, pero esa circunstancia no permite afirmar que LPE Transportes lo haya hecho. Para comprobarlo serían necesarias pruebas sobre el combustible que efectivamente utilizaron sus unidades.

En las publicaciones relacionadas con la investigación también han sido mencionados Jorge Ortega Trejo, “El Contador”, y Eduardo Ortega Ramírez, a quienes se atribuyen posibles vínculos con la estructura bajo investigación. No obstante, hasta la fecha de corte no se ha informado oficialmente sobre una imputación, una orden de aprehensión o una sentencia en contra de ellos.

En consecuencia, los señalamientos deben mantenerse como parte de una línea de investigación y ambos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine alguna responsabilidad.

La investigación mantiene como cuestión principal establecer si existe una relación entre LPE Transportes, los inmuebles asegurados y la presunta red de combustible ilegal. Para responderla será necesario que las autoridades obtengan evidencia suficiente que permita reconstruir el recorrido del hidrocarburo y la ruta de los recursos económicos.

Hasta ahora, los aseguramientos y las diligencias realizadas muestran que existe una investigación abierta, pero no constituyen elementos suficientes para afirmar que LPE Transportes o las personas mencionadas hayan cometido un delito. Cualquier responsabilidad deberá determinarse con base en pruebas y mediante las resoluciones de las autoridades competentes.